Policías del Área de Medio Ambiente de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma y de la Jefatura Provincial de Málaga han llevado a cabo una investigación relacionada con la falsedad documental para la obtención de la licencia de pesca continental en la provincia, durante la cual se efectuaron diez detenciones y se procedió a la denuncia como investigados, anteriormente imputados, de 268 personas.

La investigación se inició en enero de 2015, tras la denuncia realizada por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, que tras analizar la documentación presentada por los organizadores de dos cursos para la obtención de la licencia de pesca continental, que se habían impartido en la provincia en abril y mayo de 2014, detectaron ciertas irregularidades entre dicha documentación, sospechando que podría tratarse de falsedad documental.

La entidad autorizada para organizar, gestionar e impartir dichos cursos era la Federación Andaluza de Pesca, con un representante provincial en Málaga, participando en la organización y desarrollo de los mismos otros dos monitores pertenecientes a dicha federación, figurando su representante como monitor-director, según ha informado la Junta a través de un comunicado.

Primera fase

Así, en una primera fase de la investigación, denominada 'Operación anzuelo' y desarrollada durante los meses de enero y febrero de 2015, los agentes detuvieron a seis personas e imputaron —ahora investigados— a otras 56 por un delito de falsedad documental.

Los detenidos fueron los monitores y profesores encargados de impartir los cursos investigados, entre los que se encontraba el representante provincial de la Federación Andaluza de Pesca.

También fueron arrestados los propietarios de dos tiendas de venta de artículos de pesca en Málaga capital y en el municipio malagueño de Marbella, así como el presidente de una peña de pescadores de Marbella, quienes hacían de intermediarios con los solicitantes de los cursos y los responsables de impartirlos.

La investigación llevada a cabo constató que algunos de estos cursos sobre los que se centraban las pesquisas no se habían celebrado. Pese a ello, los organizadores habían presentado la documentación requerida para la obtención de dichas licencias de pesca, certificando la asistencia de los solicitantes y la celebración.

La investigación ha determinado que de dicha falsificación eran conscientes los solicitantes y beneficiarios últimos de dichos cursos, que sabían previamente que, pese a no asistir a los mismos, obtendrían la licencia solicitada.

Junto a los responsables de organizar e impartir los cursos, fueron igualmente detenidos los propietarios de sendas tiendas de venta de artículos para pesca, de Málaga y Marbella, así como el responsable de una peña de pescadores de Marbella, quienes hacían de intermediarios entre los organizadores de los cursos y los solicitantes de éstos, siendo su función la de recaudar el dinero correspondiente al pago del curso, cantidad que oscilaba entre 50 y 60 euros por solicitante, dinero que podría haberse repartido entre los detenidos.

Así, según han apuntado, la investigación determinó que los detenidos llevaban actuando de esta forma durante algunos años, ya que, según las declaraciones practicadas, se había extendido en los ámbitos de los practicantes y aficionados al deporte de la pesca que si se dirigían a las tiendas de pesca o peña de pescadores investigadas, tras pagar una cantidad de dinero determinada y entregar una fotocopia de su DNI, obtendrían la licencia de pesca sin el requisito de asistir y superar el correspondiente curso exigido por la Administración medioambiental de Andalucía.

A los cursos asistían o solicitaban su asistencia personas residentes también en otras provincias, entre otras, de Córdoba, Sevilla o Cádiz.

Segunda fase

En una segunda fase de la operación, se continuó con el examen sobre la documentación de los cursos celebrados en años anteriores, cuyas responsabilidades penales y administrativas aún no habían prescrito, a fin de determinar si éstos se habían desarrollado de forma legal o con las mismas irregularidades.

En segunda fase, desarrollada desde marzo de 2015 hasta marzo de 2016, se llevó a cabo la investigación sobre un total de otros nueve cursos, correspondientes al período entre 2010 y 2013, organizados por la misma entidad homologada y bajo la dirección de los mismos monitores detenidos.

La investigación se extendió a las provincias de Málaga, Almería, Córdoba, Cádiz y Sevilla, lugares de procedencia de los que obtuvieron de forma ilegal las licencias de pesca continental y se detuvo a cuatro personas, siendo denunciados como investigados un total de 211 personas que habían obtenido la licencia de pesca de la misma forma irregular anteriormente descrita.

La forma de actuar por parte de los responsables de impartir los cursos fue similar a la descrita para la primera fase de la operación, gestionando las solicitudes de los interesados en la misma tienda de artículos de pesca de Málaga, detectándose la implicación del propietario de otra tienda de la misma especialidad situada en Córdoba, motivo por el cual se procedió a la detención su propietario.