La mayoría de las CCAA incumplidoras con el objetivo de déficit de 2015 se han rebelado este jueves contra la petición del Ministerio de Hacienda, recogida en una carta que este pasado miércoles envió a 12 autonomías, en las que les da 15 días de plazo para que expliquen cómo van a ajustar sus presupuestos para cumplir con el déficit de 2016.

Hasta primera hora de la tarde se habían pronunciado diez de las doce CCAA que han recibido la citada carta, en la que el Ministerio comienza a aplicarles el artículo 25.1 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, las primeras medidas coercitivas que prevé la Ley para obligar a las autonomías a que cumplan con los objetivos que se les exige.

El Gobierno ha empezado por anunciar en la carta la aplicación de la primera parte de ese artículo, y aunque no menciona todo el párrafo, este incluye, además de la obligación de no aprobar la disponibilidad de crédito —es decir, de no incurrir en más gasto— la posibilidad, si es necesario, de que el Estado asuma la recaudación de los tributos cedidos para lograr el cumplimiento de los objetivos de déficit.

La respuesta de las CCAA no se ha hecho esperar y todas, salvo Madrid que ha tenido una respuesta más prudente, han rechazado practicar nuevos recortes en sus cuentas. En esta está incluida también Castilla y León, gobernada por los 'populares', aunque con matices. Mientras algunas de las gobernadas por el PSOE han hablado entre sí y plantean una reunión de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El primero en rechazar nuevos ajustes ha sido el vicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, quien ha acusado al ministro de "arbitrariedad" y le ha reprochado que no incluyera la cifra del ajuste que debe llevar a cabo Cataluña en los presupuestos de 2016, que aún no han sido aprobados y están en pleno proceso de negociación.

"Por muchos requerimientos que recibamos, no aplicaremos ningún recorte añadido a las políticas sociales, recortes a los que nos ha obligado el Ministerio de Hacienda. Por mucho que insistan en esa línea, no cerraremos hospitales ni colegios, ni servicios sociales", exclamó Junqueras. No obstante, y a pesar de esa tajante afirmación, admitió que la carta de Montoro tendrá consecuencias en los Presupuestos de 2016.

En cualquier caso, el vicepresidente de la Generalitat ha adelantado que su departamento está haciendo gestiones para hablar él mismo con el ministro de Hacienda.

Andalucía acusa a montoro de intimidar

En la misma línea se ha pronunciado la presidente andaluza, Susana Díaz, quien ha dejado claro que descarta más recortes y ha preguntado al titular de Hacienda si trata de "intimidar" a las CCAA por el "ultimátum" de Bruselas.

En este sentido, ha calificado de "muy grave" que un Gobierno "interino y en funciones" les haya enviado una carta para que no dispongan de créditos, que ha cifrado en 600 millones para el caso de Andalucía. Según Díez, el Gobierno de Rajoy "está ya en campaña" y por eso echa la "culpa" del déficit a las CCAA.

Mientras, el secretario de Política Federal del PSOE y coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Antonio Pradas, reclamaba reunión "urgente" de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar un reparto "justo" del déficit en función de las "prioridades" de las administraciones públicas.

Una petición ésta a la que se ha sumado el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien desveló que había hablado ya con otros presidentes autonómicos, después de recibir la carta de Montoro por haber incumplido el objetivo de déficit en 2015. "La gente está desconcertada" tras recibir una misiva de estas características de un "gobierno en funciones", exclamó.

Baleares pide una "rebelión"

La consejera de Hacienda de Baleares ha sido aún más dura y ha advertido literalmente que su CCAA se "rebelará" ante lo que considera un "ataque" a las Islas y no practicará los recortes que le piden. Catalina Cladera también se queja de que el Ministerio no les ha adelantado la cifra que deben recortar y ha anunciado la petición de una entrevista con el ministro.

Revilla ha ido un paso más adelante y ha plantado hacer un "frente común" de las CCAA contra la decisión del ministro de Hacienda. "Hay que hacer un frente común ante el despeje del balón (de Montoro) para largarnos la pelota a las CCAA", ha dicho el presidente cántabro, quien dejó claro que "de momento" no tiene previsto hacer "ningún ajuste" en el presupuesto regional.

El presidente aragonés, Javier Lambán, que hoy precisamente se ha reunido en Madrid con el ministro de Industria, ha acusado a Hacienda de seguir "apretando las tuercas" a las CCAA y ha advertido que en su CCAA "no se recortará ni un ero más". En este sentido, ha expuesto que en Aragón "es prácticamente imposible cumplir" el objetivo de déficit marcado por Hacienda sin reducir el gasto social.

Este argumento de que el gasto social corre peligro ha sido utilizado por varias CCAA, entre otras, la de Valencia, cuya vicepresidenta, Mónica Oltra, ha advertido de que no va a sacar a los niños de los colegios, ni a los enfermos de los hospitales para cuadrar el déficit.

Oltra ha dejado claro que no ve "ajuste posible" y ha acusado al ministro de "amedrentar" a las CCAA por carta, diciendo "lo que no se atreve a decirle a la cara" a los presidentes autonómicos, en este caso, a Ximo Puig.

En el caso de Asturias, su consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, ha dejado claro que su CCAA no necesita hacer las retenciones de crédito que reclama Montoro porque tiene un presupuesto ligeramente por debajo del de 2015 y las previsiones para 2016 son de un incremento de ingresos.

Castilla y león se suma a la rebelión

Castilla y León, gobernada por el PP, también se ha sumado a esta 'rebelión' autonómica al advertir que no puede recortar más sus gastos. La vicepresidenta Rosa Valdeón ha asegurado que ve "imposible" cumplir en 2016 el objetivo del 0,3 por ciento si las CCAA mantienen el 33 por ciento del gasto, al tiempo que reprochaba al Ministerio de que culpe a las CCAA del incumplimiento del déficit.

No obstante, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a pesar de decir que no puede recortar más y cifrar en 328 millones la no disposición de gasto que tendría que aplicar Castilla y León, ha admitido que van a "mirarlo". "Vamos a estudiarlo y vamos a ver si económicamente y legalmente se puede hacer algo", ha dicho.

La Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, ha sido prudente en su reacción al asegurar que analizarán la carta de Hacienda "con detenimiento" y "ofrecerán alternativas desde la garantía de la prestación de unos servicios públicos de calidad".