El alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada (PP), que se sentará en el banquillo —salvo resolución contraria del Constitucional— junto a otros cuatro concejales cuando ocurrieron los hechos y junto a su predecesor en el cargo, ha declarado su "inocencia" ante los hechos de los que se le acusan de prevaricación continuada y acoso laboral a la secretaria-interventora del Ayuntamiento.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Chantada decretó la apertura de juicio oral apoyado en un escrito de la Fiscalía en el que se acusa a un total de 11 personas por su supuesta participación en los hechos, o bien de acoso laboral o prevaricación.

El pasado 10 de marzo, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, el regidor y otros acusados presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que se habían "vulnerado" derechos fundamentales durante el procedimiento, vía que sería la única que podría evitar que se sentasen en el banquillo.

Para Taboada, que se confiesa "tranquilo", y su predecesor en el cargo, Francisco Pensado, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho meses de multa con una cuota diaria de 15 euros; mientras que por el delito de 'mobbing' la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El regidor de Palas cree que la causa, que partió de la denuncia de la secretaria en 2011, puede ser juzgada a "finales de año". "Casi contento; no contento por tener que enfrentarme a la justicia, porque no es bueno, pero, por otro lado, sí porque por fin podremos tener la oportunidad de defendernos", ha subrayado este jueves Taboada.

"me considero inocente"

"Yo me considero inocente, también considero a mis compañeros, al igual que a mí, inocentes; y vamos en el juicio a tener la oportunidad de defendernos", ha destacado Taboada, quien ha señalado que, de todas formas, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional "aún podría cambiar esta situación".

Al respecto, ha indicado que este recurso lo presentó el grupo municipal del PP, que cuenta con otros cuatro concejales que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados. Concretamente, para los cuatro ediles la Fiscalía pide diez años de inhabilitación.

Las otras personas implicadas, hasta 11 que se sentarán en el banquillo —salvo resolución del Constitucional—, se corresponden con trabajadores del Ayuntamiento, incluye a la encargada del registro de entrada, quien, según la Fiscalía, "de forma intencionada y a sabiendas de su ilegalidad, consintió que se alterara" un documento referido a la denunciante.