El interventor de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, ha ratificado este jueves ante la juez María Núñez Bolaños, quien comanda el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, la tesis ya manifestada ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a las subvenciones autonómicas en materia de formación profesional y las supuestas irregularidades detectadas en su tramitación y gestión.

García Bermúdez, en el marco de la pieza separada que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha insistido ante la juez en que considera que las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de tales subvenciones de la Junta de Andalucía ha ocasionado un "menoscabo de los fondos públicos", pues habrían sido concedidas ayudas para iniciativas de formación profesional que no cumplirían "los requisitos legales" y no habrían sido exigidos "los reintegros" correspondientes.

Además, habría manifestado a la juez María Núñez Bolaños que con motivo del 'Informe especial de subvenciones de formación profesional para el empleo, ejercicio 2009-2012', habría detectado "graves irregularidades" en "prácticamente el cien por ciento" de los expedientes analizados y relativos a ayudas en la materia.

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