La Fiscalía de Sevilla ha rebajado de 65 años a 6 meses su petición de cárcel para los 14 miembros del sindicato que han sido juzgados este miércoles acusados de participar durante la huelga general convocada a nivel nacional el 14 de noviembre de 2012 en un piquete informativo a través del que amenazaron e impidieron a unos profesores la entrada a un instituto de enseñanza secundaria de Los Corrales.

El portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, ha informado a Europa Press de que, durante las siete horas que ha durado el juicio, han comparecido en el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla numerosos testigos, "sin que se hayan presentado pruebas objetivas que acrediten y respalden" el informe realizado por el sargento de la Guardia Civil, "único elemento en el que se apoya la acusación".

Según ha indicado Reina, este informe ha sido cuestionado por la defensa de los acusados y también por los testigos, que "han reiterado una y otra vez el desarrollo pacífico de un piquete que quería extender la huelga general a los profesores que acudieron" al instituto, donde "no había ningún alumno", puesto que el seguimiento de la huelga en esta zona de Sevilla "fue del cien por cien".

"En vista de la falta de pruebas que acrediten las acusaciones", la defensa de los acusados ha solicitado su libre absolución, mientras que la Fiscalía sólo ha mantenido la petición de cárcel para uno de los imputados, en concreto el exconcejal de Los Corrales Manuel Velasco (IU), para el que ha solicitado seis meses de cárcel.

Asimismo, y para el conjunto de los sindicalistas, el Ministerio Público ha mantenido una petición de multa de 20 meses a razón de 6 euros diarios.

El juicio contra los 14 acusados, entre los que se encuentran exconcejales de Los Corrales y Martín de la Jara y miembros de la dirección nacional del SAT, fue señalado inicialmente para el día 26 de octubre de 2015, aunque fue aplazado hasta este miércoles debido a que no se pudo reproducir un CD que contenía un vídeo aportado por la Fiscalía como prueba y que fue grabado por las cámaras del instituto el día de los hechos.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para todos los acusados cuatro años y medio de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que también solicitaba para uno de los imputados dos años de cárcel por un delito de atentado, y el pago de una multa de 180 euros por una falta de maltrato.