El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta, Felipe López, ha asegurado que el reciente convenio suscrito por la Junta de Andalucía y el Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) facilitará la intervención preventiva del Gobierno andaluz, ayuntamientos y diputaciones para evitar los desahucios y sus consecuencias más graves.

Felipe López, que ha comparecido este miércoles ante el Pleno de la Cámara para informar sobre la coordinación institucional en la lucha contra los desahucios, ha abogado por potenciar esta cooperación entre las distintas administraciones para hacer más efectiva las actuaciones en lucha contra este drama social.

El consejero ha valorado el convenio firmado con el órgano de gobierno de los jueces ya que permitirá actuar de manera coordinada y preventiva frente a los desahucios y ejecuciones hipotecarias que pudieran acabar en lanzamientos y ha explicado que este convenio desarrolla procedimientos de comunicación y colaboración entre los servicios sociales y de vivienda de las entidades locales y la Junta para actuar especialmente en los casos que afectan a personas vulnerables.

El convenio facilita el acceso de las administraciones autonómica y local a toda la información de los afectados con objeto de atender a los afectados y evitar una eventual situación de desprotección, vulnerabilidad o riesgo de exclusión. En estos casos, se dará traslado tanto a la Consejería de Fomento y Vivienda para que la persona sea incluida en el Programa de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales municipales y de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para que analicen la situación y se tomen las medidas necesarias.

La Consejería de Justicia e Interior, por su parte, implementará en el sistema de gestión procesal Adriano los instrumentos necesarios para informar a la ciudadanía de los recursos asistenciales existentes, así como para asegurar el ejercicio del derecho de defensa y representación mediante la asistencia jurídica gratuita. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial se compromete a colaborar con la Junta y ayuntamientos en el acceso a los datos e información de carácter personal de los afectados y contenidos en los ficheros jurisdiccionales, además de promover la divulgación del convenio y fomentar la participación de los Colegios de Abogados y Procuradores.

En virtud del convenio, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se compromete a promover el conocimiento de este convenio y la adhesión de las corporaciones locales al mismo, buscando la colaboración para la ejecución de los compromisos.

El titular de Fomento y Vivienda ha resaltado que "este convenio ha sido diseñado desde el convencimiento de que la acción conjunta y coordinada, orientada hacia objetivos compartidos y estratégicos, de todas las Administraciones Públicas, multiplica la efectividad de los esfuerzos que cada una pueda hacer de forma aislada". Una prioridad para la Junta

A su juicio, "el convenio es una prueba más de que el Gobierno andaluz ha hecho de la lucha contra los desahucios una prioridad y, por eso, se ha venido trabajando con la puesta en marcha de diferentes iniciativas políticas apostando por una respuesta integral en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, la FAMP, entidades financieras, asociaciones más representativas y Defensor del Pueblo y nos gustaría contar también con el Gobierno de la Nación".

En su intervención parlamentaria, López ha señalado que "los desahucios son el resultado de la incapacidad del pago de la deuda de las familias por pérdida de ingresos, algo que no es ajeno a la política económica y laboral que el Gobierno del PP ha mantenido en la pasada legislatura y que ha provocado la precarización del empleo, la reducción del gasto en prestaciones, el rescate financiero en contra del rescate a las personas o el desmantelamiento del Estado del Bienestar".

PP-A:

"muchas fotos y pocos resultados"

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha asegurado que en Andalucía ha habido "muchas fotos y pocos resultados" en materia de desahucios y ha criticado que el consejero del ramo comparezca en este Pleno para hablar de esta materia sin haber aprobado aún el Plan de Vivienda de Andalucía, "cuando se comprometió a tenerlo aprobado en el primer trimestre del año y aún no ha ocurrido".

Sobre el acuerdo entre el CGPJ, la Junta y la FAMP, Martínez ha lamentado que el Gobierno andaluz haya tardado tanto en firmarlo, recordando que su formación ya lo propuso en 2013, en una enmienda a la Ley de la Función Social de la Vivienda, que fue rechazada. También ha censurado que la Junta destine una cantidad "ridícula" a la lucha contra los desahucios en un presupuesto de 30.000 millones.

El diputado de Podemos Juan Antonio Gil ha reprochado al Gobierno andaluz que rechazara la proposición de ley de su formación sobre pobreza energética y habitacional y, en relación al acuerdo con el CGPJ, ha criticado que no tenga una articulación económica, por lo que podría quedar en "papel mojado". Así, ha reclamado a la Junta un decreto que garantice la viabilidad de dicho convenio, al tiempo que ha demandado al consejero que "legisle más y conviene menos".

La parlamentaria de Ciudadanos María del Carmen Prieto ha indicado que sigue habiendo "un goteo constante" de desahucios en España, precisando que entre abril y junio de 2015 tuvieron lugar 18.739, siendo Andalucía la comunidad con mayor número, un 20 por ciento del total. Junto a ello, ha reclamado una política coordinada entre administraciones para hacer frente a esta problemática, así como la puesta en marcha de una nueva Ley Hipotecaria.

La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha asegurado que las medidas normativas que el Gobierno andaluz contempla sacar adelante durante esta legislatura son "menos ambiciosas" que las que se llevaron a cabo durante el gobierno PSOE-IU, rompiéndose así "la tendencia de vanguardia" que supuso la Ley de la Función Social de la Vivienda. Nieto se ha referido así a la Ley de Retracto en desahucios de viviendas en la que trabaja actualmente el Gobierno andaluz.

Finalmente, la diputada del PSOE-A Manuela Serrano ha criticado que el PP-A "demonice" las políticas del Gobierno andaluz en materia de vivienda cuando Andalucía cuenta con la legislación "más avanzada" de España para garantizar el derecho a una vivienda digna, y, además, el gobierno de la Nación ha llevado a cabo medidas "diseñadas para ayudar al sector financiero y no a las familias".