Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha revisado este miércoles la impugnación de una sanción de 301 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno al dirigente de IU-CA Francisco Ignacio Ruiz González, por celebrar una asamblea y concentración de protesta en La Rinconada, pese a que se le habría denegado la autorización para el acto al no haber sido comunicado con la antelación estipulada, según ha informado a Europa Press el propio afectado.

En su apoyo, se ha celebrado una concentración a las puertas del juzgado, a la que habrían asistido, entre otros, Carlos Vázquez Secretario Político Provincial del PCA; la concejal capitalina de IU-CA Eva Oliva; miembros del 15M y sindicalistas como los del comité de empresa de la planta de Sovena en Brenes.

Concentración no autorizada

La asamblea concentración, promovida por IU-CA entre trabajadores de La Rinconada para reclamar al Ayuntamiento que abriera una bolsa de empleo "con criterios de igualdad de oportunidades", se celebró el pasado 14 de marzo de 2014, toda vez que Francisco Ignacio Ruiz González ha expuesto que la misma fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno central con seis días de antelación y no con el mínimo de diez que estipula la normativa. En ese sentido, ha alegado la necesidad de celebrar el acto antes de un pleno fijado por el Ayuntamiento.

Y pese a que ante esta petición extemporánea Francisco Ignacio Ruiz habría pedido acogerse a una opción extraordinaria que permitiría comunicar las movilizaciones con sólo "24 horas de antelación", la Subdelegación le habría denegado también esa alternativa. "Me dijeron que la asamblea no estaba autorizada", admite exponiendo, no obstante, que antes de aquella ocasión "ya habíamos tenido asambleas que no habíamos comunicado", sin tener que afrontar consecuencias.

Sanción de 301 EUROS

De cualquier modo, la Subdelegación le ha impuesto una sanción de 301 euros por convocar y celebrar dicha concentración pese a no contar con autorización. IU, al respecto, alega que en el atestado que levantaron los agentes de la Guardia Civil, se resaltaba que el colectivo de trabajadores convocantes "se dirigieron a los asistentes comentando los problemas existentes con el desempleo, la vivienda y el incumplimiento de los convenios del campo".

Para hablar de estos problemas, según constaría también en el informe que redactan los agentes, las personas reunidas en esta asamblea "ocuparon parte de una pequeña plaza, sin cortar ni obstaculizar la circulación de vehículos ni de personas, y comportándose en todo momento de forma pacífica y educada". Para IU-CA, esta sanción "responde a la política represiva con la protesta social que coarta derechos fundamentales tales como la libertad de reunión".

Dado el caso, un juzgado de lo Contencioso Administrativo ha revisado este miércoles la impugnación de dicha sanción, si bien el afectad expone que la decisión del juzgado no estará disponible hasta aproximadamente dentro de un mes.