El miembro histórico del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) y antiguo portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, ha mostrado este miércoles su confianza en que la juez absuelva a los 14 miembros del sindicato para los que la Fiscalía pide penas de hasta seis años y medio de prisión por entender que, durante la huelga general convocada a nivel nacional el 14 de noviembre de 2012, participaron en un piquete informativo a través del que amenazaron e impidieron a unos profesores la entrada a un instituto de enseñanza secundaria de Los Corrales.

En declaraciones a los periodistas antes de que comenzara la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla, Cañamero ha defendido que en este piquete informativo "no hubo absolutamente nada, ninguna agresividad, ningún comportamiento que no sea cívico", a pesar de lo cual el Ministerio Público les pide hasta seis años y medio de cárcel y un total de 84.000 euros de multa, lo que ha considerado "una auténtica barbaridad".

"Espero que estos compañeros salgan absueltos porque no han cometido ningún delito", ha puesto de manifiesto Cañamero, quien ha lamentado que "quieran condenar a una compañeros que han ejercido un derecho democrático, como es participar en un piquete informativo". "¿Cómo se puede condenar a una persona que va a un piquete informativo para defender los derechos de los trabajadores? Es una barbaridad, nos estamos cargando la democracia", ha criticado.

En este punto, Diego Cañamero se ha referido al caso de Andrés Bódalo, el concejal de Jaén en Común que ha ingresado en prisión para cumplir una condena de tres años y medio, un caso que "es un escándalo". "Es una criminalización lo que se está haciendo con Bódalo y con el SAT", ha puesto de manifiesto.

Al hilo de ello, ha confiado en que "haya sensatez y que los jueces no se dejen llevar por las cuestiones políticas, que sean neutrales y que dicen sentencia acorde con la realidad, admitiendo todos los testigos, vídeos e informes", pero "no como el juez de Jaén que ha condenado" a Andrés Bódalo, quien "no ha querido admitir ni la información de la Guardia Civil ni el vídeo que tenemos donde se demuestra que no hubo ningún tipo de agresividad".

"es la misma lucha"

Tras confiar en que Bódalo sea puesto en libertad, Cañamero ha afirmado que el caso del concejal es similar al de los 14 miembros del SAT enjuiciados este miércoles porque "es la misma lucha", punto en el que ha lamentado que en el SAT "tenemos 600 procesados y nos piden cerca de 400 años de cárcel", todo ello "mientras se pasean los ladrones por toda la sociedad dejando al país en la ruina".

De su lado, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, ha dicho a los periodistas que el SAT "es un sindicato no violento y pacífico" que "sólo defiende los derechos de la clase trabajadora", a pesar de lo cual "nos piden penas de prisión y multas desproporcionadas", por lo que "llamamos a la sociedad para que se solidarice con nuestra causa y siga defendiendo sus derechos".

Tanto Diego Cañamero como Óscar Reina han participado en la mañana de este miércoles en una concentración de apoyo a los 14 miembros del SAT enjuiciados, en la que también han participado la parlamentaria de IULV-CA Elena Cortés o el alcalde de Marinaleda (Sevilla), líder de la CUT y exparlamentario de IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo.

El juicio contra los 14 acusados, entre los que se encuentran exconcejales de Los Corrales y Martín de la Jara y miembros de la dirección nacional del SAT, fue señalado inicialmente para el día 26 de octubre de 2015, aunque fue aplazado hasta este miércoles debido a que no se pudo reproducir un CD que contenía un vídeo aportado por la Fiscalía como prueba y que fue grabado por las cámaras del instituto el día de los hechos.

Los acusados niegan zarandeos ni empujones

En la vista oral, los acusados han negado que se produjera ningún zarandeo, empujón o insulto hacia los profesores, algo que es "total y absolutamente falso", ni que hubiera un "previo acuerdo" para impedir la entrada de los profesores al centro de enseñanza, mientras que también han negado que pusieran una cadena con candado y dos vehículos en la única puerta de entrada para el acceso con coche.

"Nuestra intención no era insultar a nadie, sino únicamente informar para que se sumaran a la huelga a través de un piquete informativo, que es totalmente legal", han defendido los acusados, asegurando que en el lugar de los hechos "había más guardias civiles que miembros del piquete".

El fiscal relata que los hechos tuvieron lugar sobre las 7,45 horas del día 14 de noviembre de 2012, cuando los acusados, "de común acuerdo" y con ocasión de la huelga general convocada a nivel nacional, se apostaron en la entrada principal del instituto 'Entrepuentes' de Los Corrales "con la intención de obstaculizar" la entrada al centro de enseñanza de los profesores.

Para ello, los imputados colocaron una cadena con candado y dos vehículos en la única puerta de entrada para el acceso con coche, "impidiendo así" la entrada de los once profesores que acudieron a su puesto de trabajo y que integraban los servicios mínimos previstos para esa jornada.

Según la Fiscalía, en el momento en que llegó al instituto en su coche la jefa de estudios, los acusados "se negaron a permitirle la entrada" y comenzaron a dirigirle expresiones como 'guarra, puta, esquirol, hija de puta, asquerosa. Esta hija de puta tiene la suerte de no ser de aquí, si no se iba a enterar'.

"gran temor"

Al mismo tiempo, y "con ánimo intimidatorio", unos miembros del 'piquete' "zarandeaban" el vehículo de la jefa de estudios mientras otros grababan la escena con un teléfono móvil y un acusado llegaba a "colocar la rodilla en la parte delantera del coche, causándoles un gran temor".

La Fiscalía añade que, a medida que los restantes profesores llegaban, "y con intención de amedrentarles", los acusados se dirigían a ellos de forma generalizada con frases como 'no sabéis el por qué estamos aquí; que no entráis; que si no hay niños no vais a dar clases, cabrones. En manos de esta gentuza está la educación de nuestros hijos, sinvergüenzas'.

Agentes de la Guardia Civil "debidamente uniformados y en el ejercicio de sus funciones" se trasladaron al lugar de los hechos, donde el principal acusado, "de los más activos", se negó a identificarse, aprovechando un segundo imputado para "arrebatarle" su DNI al agente, que "fue rodeado" por miembros del 'piquete' y recibió "empujones" por parte de uno de ellos, además de por otros acusados no identificados, sin que sufriera lesiones.

'REPRESORES'

La Fiscalía asevera que dos de los imputados "asumieron el rol de responsables" del 'piquete' y "se negaron reiteradamente" a permitir el acceso de los profesores al centro de trabajo, llegando a manifestar a los agentes 'que se provocaría un conflicto en Los Corrales, ya que tanto los vecinos como los 'piquetes' comarcales se trasladarían hasta el acuartelamiento en auxilio de los detenidos, provocándose incidentes mayores'.

Por todo ello, fue necesaria la presencia en el lugar de hasta 16 agentes, que procedieron a la identificación de los acusados entre gritos de 'represores, cabrones' y a cortar la cadena que los imputados, previamente, habían puesto en la puerta del colegio, sin que ésta sufriera desperfectos.