La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Jaén ha estimado que el pago en diferido del Plan de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares (Plan de calidad) "perjudicará a más de 2.100 docentes" en la provincia.

Así lo ha afirmado este martes en una nota la responsable del Sector de Educación, Julia Carcelén, después de que a principios de año la Consejería anunciara "sin ningún tipo de negociación previa con los sindicatos", que el pago de este programa se iba a realizar en tres plazos en lugar del único abono que se establecía en la normativa que dio inicio a esta iniciativa.

Ha añadido que según esa normativa los centros que se inscribieron al Plan de Calidad en el curso 2011-2012 debían haber recibido este mes el cien por cien del complemento una vez finalizado el mismo, lo que suponía un importe total de 105 millones de euros en Andalucía.

Ahora, sin embargo, con la "decisión unilateral" de la Junta se abonará ahora dividido en tres anualidades: un 33 por ciento en marzo de 2016, otro tanto en marzo de 2017 y el último 33 por ciento en marzo de 2018. Los centros acogidos al programa en el curso siguiente terminarán de cobrar este plus en 2019. CSIF ha calculado que la cantidad media por docente que se pretende diferir está por encima de los 1.800 euros.

En el caso de Jaén, ha estimado que la medida perjudica a más de 2.100 docentes que desarrollan su labor en 119 centros —84 colegios, 32 institutos y tres centros que imparten otras enseñanzas como música y artes—, lo que supone en torno al 26 por ciento de las instalaciones educativas públicas que hay en la provincia.

"No vamos a permitir este nuevo atropello de una Administración insensible con los docentes, que han perdido más del 30 por ciento de sus retribuciones y han sufrido un gran empeoramiento de sus condiciones laborales en los últimos años", ha asegurado Carcelén, quien ha mostrado su "más enérgica oposición a esta imposición" que, además, "supone desde el punto de vista jurídico un incumplimiento de contrato".

En su opinión, el pago diferido que ahora quiere aplicar la Consejería "es un abuso y un peligroso precedente que podría generalizarse si la Administración ve como viable empezar a pagar a plazos a la plantilla docente", al tiempo que ha recalcado que no están dispuestos "a consentir que los empleados públicos se conviertan, una vez más, en la fuente de financiación de la Junta":

"Si la Consejería no da marcha atrás a su decisión sobre el Plan de Calidad emprenderemos todas las acciones jurídicas que entendemos que nos asisten ante esta nueva injusticia", ha subrayado Carcelén no sin recordar que en 2013 ya se denunció la eliminación de la consolidación del complemento económico del Plan de Calidad como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "de forma incomprensible no fue recurrida por la Administración autonómica".