España protesta ante Francia por la agresión a camiones que transportaban vino español en territorio galo

El Gobierno de España ha trasladado oficialmente una protesta a las autoridades francesas ante la agresión sufrida este lunes en territorio galo por varios camiones que transportaban vino español y cuyo cargamento ha quedado inutilizado, y ha reclamado a Francia que adopte medidas todas las medidas oportunas para garantizar con total seguridad la libre circulación de personas y mercancías, uno de los principios básicos de la Unión Europea.

El Gobierno de España ha trasladado oficialmente una protesta a las autoridades francesas ante la agresión sufrida este lunes en territorio galo por varios camiones que transportaban vino español y cuyo cargamento ha quedado inutilizado, y ha reclamado a Francia que adopte medidas todas las medidas oportunas para garantizar con total seguridad la libre circulación de personas y mercancías, uno de los principios básicos de la Unión Europea.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha trasladado su condena ante estos incidentes. Según organizaciones agrarias, un grupo de agricultores franceses destruyó ayer unos 30.000 litros de vino procedente de España en el paso fronterizo de Le Boulou, cerca de La Junquera. La mercancía, proveniente de Castilla-La Mancha fue vertida a la carretera y destruida por los manifestantes, que amenazaron y amedrentaron a los conductores de los camiones que sufrieron el ataque.

El Ejecutivo en funciones ha lamentado unos hechos que se producen "con desafortunada periodicidad" y ha informado de ellos a la Comisión Europea. En este sentido, ha denunciado que suponen "una violación flagrante de varios principios básicos" de la Unión Europea, como el de la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros y otros referidos a la propiedad y seguridad de los bienes y de las personas.

Por todo ello, España, que dice estar preocupada ante este tipo de agresiones, ha reclamado al Gobierno galo que adopte medidas para garantizar la libre circulación de personas y mercancías en su territorio.

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