La Asamblea de Ceuta ha aprobado este martes por unanimidad (PP, PSOE, Caballas, MDyC y Ciudadanos) crear un grupo de trabajo para encontrar una fórmula legal con la que instar al Estado a "revisar" la situación de las viudas y huérfanos de los miembros de las Fuerzas Regulares y otros cuerpos que formaron parte de la denominada Guardia Mora de Franco para que puedan acceder a pensiones en régimen de igualdad "con el resto de militares que han prestado los mismos servicios en las Fuerzas Armadas españolas".

La portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fatima Hamed, ponente de la propuesta, ha lamentado que hasta ahora "ningún Gobierno de España ha hecho nada al respecto a pesar del esfuerzo que todos los comandantes generales al mando de las Fuerzas Armadas en la ciudad han realizado para que se vieran reconocidos sus derechos a percibir unas pensiones dignas como todos los que han servido a España".

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Susana Román, ha advertido DE que "este es un tema complejo" y ha asumido sin ambages que España "tiene un débito moral que saldar" con ese colectivo "fuese cual fuese el bando con el que luchó en la Guerra Civil", ya que, como Hamed, ha subrayado que "esta no es una cuestión de ideologías".

"Debemos intentar reparar lo que esté en nuestra mano pero el problema parece ser la definición técnica del asunto: muchos de aquellos soldados entonces tenían nacionalidad marroquí; algunos murieron siéndolo; otros obtuvieron la nacionalidad al acabar el conflicto; otros de las kábilas del norte vieron cambiados los apellidos y resultaron perjudicados...", ha detallado la también consejera de Administración Pública.

La normativa española sobre la materia fue cambiando desde 1926 hasta 1965, cuando la Ley que regula la situación del personal marroquí que sirvió en el Ejército español y de los familiares de marroquíes muertos en campaña y de los pertenecientes a Fuerzas Mahzen estipuló que tendrían derecho a pensión los allegados a los "muertos" en las Campañas de África y Guerra de Liberación, así como diferentes plazos de prescripción para reclamar compensaciones o su imposible transmisión.

"Para nosotros hay tres pilares a solucionar: si esas pensiones pertenecen a clases pasivas; si son o no transmisibles; y si son actualizables", ha concretado Román, que ha prometido hacer todo lo necesario para "traducir en hechos" la voluntad de la Corporación, "tal y como ya se ha conseguido en Francia" con fuerzas militares de similares características.

La Asamblea ha acordado, de momento, la creación de un grupo de trabajo en el que se dará cabida a los propios afectados, a técnicos y políticos de la Administración autonómica, a representantes de la Comandancia General y a los parlamentarios electos por la ciudad en el Congreso y el Senado "para que aquellos que lucharon en nuestra Guerra Civil tengan el reconocimiento de unos derechos que les corresponden desde hace casi 80 años".