Sin calefacción
Una mujer, en el sofá de casa, se tapa para combatir el frío. GTRES

Pagar lo que se consume y reducir lo que se gasta. Ese es el doble objetivo de la medida europea que, desde el 1 de enero de 2017, obligará a todas las comunidades de propietarios en nuestro país a aplicar el reparto individualizado del consumo de la calefacción.

España tiene unos 1,7 millones de hogares que poseen instalaciones centrales de calefacción, es decir, una sola caldera común calienta a toda la comunidad, según cifras de Gas Natural Fenosa. Estos sistemas derrochan energía y no permiten alcanzar la temperatura adecuada en todos los puntos de un mismo inmueble.

Muchas comunidades deberán sustituir las bombas actuales por unas de velocidad variable Hasta ahora, en los edificios con instalaciones de calefacción central, el pago de la factura se hace según cuotas iguales o con base en un coeficiente fijo de propiedad, con independencia del consumo que cada hogar realice, pero este sistema ya tiene fecha de caducidad. Así lo recoge el borrador del Real Decreto que supone la transposición española de la Directiva Europea de Eficiencia Energética 27/2012/UE: «A partir del 1 de enero de 2017 será obligatoria para todas las instalaciones térmicas de calefacción y/o refrigeración y agua caliente sanitaria centralizada de los edificios, la contabilidad individualizada de consumos».

Cuando entre en vigor la nueva ley, además de convertir la calefacción en un sistema más justo, cada vecino necesitará las herramientas que le permitan tener comportamientos eficientes. Las instalaciones antiguas solo tienen una llave de paso por radiador. Por eso, se deberán instalar válvulas termostáticas en cada radiador, sustituyendo a las llaves de paso, que permiten controlar la temperatura de confort de cada estancia de forma automática.

Otro aspecto a tener en cuenta es que en el momento en el que cada familia puede ajustar la temperatura de su hogar, la presión del agua de las tuberías sufre variaciones y muchas instalaciones no están preparadas para funcionar de ese modo, puesto que las bombas que hacen circular el agua son de velocidad y caudal constante.

Por este motivo, muchas comunidades deberán sustituir las bombas actuales por unas de velocidad variable. Al gasto derivado de este posible cambio se sumará la adquisición de los repartidores de costes y las válvulas termostáticas o los calorímetros y termostatos. El precio medio de un repartidor de costes es de unos 30 euros –por radiador–, una cifra similar a lo que cuesta una válvula con cabezal termostático, teniendo siempre en cuenta que el precio depende del fabricante.

Algunas comunidades autónomas, como Madrid, tienen un plan renove de repartidores y válvulas. Por la compra de los 2, da incentivos de 10 euros, que en realidad son descuentos de los fabricantes de equipos.

La adaptación de la normativa tiene que acordarse en una junta y requiere el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios, que tendrán que escoger el sistema y la empresa a la que contratarán la instalación. La normativa prevé sanciones económicas para los hogares que la incumplan.