El pleno del Parlament ha aprobado este martes la ley que recoge la puesta en marcha de la renta social garantizada en Baleares, una normativa que se prevé que beneficie a alrededor de 3.000 familias de las Islas y que representa un "nuevo derecho" para los ciudadanos, según ha asegurado en el pleno la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago.

La renta, que este año empezarán a cobrar las familias sin ingresos y con menores de edad a su cargo, será de una cuantía de entre 429 y 775 euros, en función del número de personas que integren el núcleo familiar, por lo que este año no habrá nadie que cobre el mínimo.

Durante la sesión, en la que los grupos de la oposición han defendido las enmiendas que se mantenían vivas y han votado en contra de algunos puntos de la ley, la consellera ha hecho hincapié en que esta renta social es un "proyecto del Govern", no únicamente de su departamento, y se ha comprometido a llevar a cabo todo lo que sea necesario para que la renta sea en las Islas "un éxito".

El pp vota a favor y en contra de algunos artículos

Por parte del PP, grupo que ha votado a favor de algunos artículos y en contra de otros, la parlamentaria Sandra Fernández ha considerado que la renta debería ir acompañada de un apoyo a nivel laboral porque los perceptores "son personas que, o no tienen un trabajo, o el que tienen no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas". Así, ha negado que pidiesen una contraprestación por parte del receptor de la renta, sino que el Govern tuviese una obligación con éste.

"La administración debe dar los apoyos necesarios e individualizados para que consigan una autonomía personal para que desarrollen su proyecto de vida", ha defendido la 'popular', quien también ha entendido que deberían ser los Consells Insulars los que gestionasen esta renta, y no el Ejecutivo autonómico, "porque son los que tienen la estructura para dar una solución más efectiva al ciudadano".

El PP ha declarado que una de las cuestiones que más les ha "sorprendido" ha sido que en campaña electoral se prometiesen unos 60 millones de euros y que ahora la renta nazca con 20 millones, así como que se comprometiesen a llegar a todas las personas que lo necesitasen. Fernández ha explicado que su grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad porque es una normativa necesaria, si bien ha añadido que el texto "se puede mejorar".

Por parte del PSIB, el parlamentario Jaume Garau ha hecho hincapié en el "gran avance" que representa esta ley y ha lamentado que la filosofía neoliberal haga caer sobre la persona el problema de la pobreza.

Sobre esta nueva prestación, el socialista ha recordado que esta nueva renta es compatible con la renta mínima de inserción. Además, en cuanto a la posible "barra libre" que ésta genere, ha apuntado que el fraude no llega ni al 3 por ciento de los perceptores en el País Vasco, donde hay implantada una medida similar.

PODEMOS,

Satisfecho de que se empiece a rescatar a personas

Podemos, por su parte, ha insistido en que los ciudadanos piden que "se deje de rescatar bancos y se rescate a la gente" porque "las personas que se han quedado atrás merecen ser la prioridad de la administración para cambiar la situación de precariedad en la que viven".

"Es la hora de empezar a aplicar medidas en favor de los derechos sociales", ha incidido Podemos, quien ha señalado que las iniciativas aplicadas hasta el momento han sido "insuficientes" y ha considerado que la renta social garantizada es un paso más hacia la eliminación de la pobreza. Según Podemos, la renta social debería ir acompañada de una reforma fiscal y un cambio en el modelo productivo.

Por parte de MÉS per Mallorca, Margalida Capellà, ha recordado que esta ley beneficiará a entre 9.000 y 12.000 personas de las Islas. "No sólo recuperamos derechos, sino que también los creamos", ha incidido antes de asegurar que Baleares "hace historia" con esta ley.

MÉS:

"que un problema puntual no se convierta en problema social"

"Es una ley buena porque no sólo es para 3.000 familias que se beneficiarán, todos ganamos. El objeto es que un problema económico puntual no se convierta en un problema social", ha declarado la econacionalista.

Además, ha explicado que la renta no es lo mismo que la renta de inserción garantizada y, así, no tiene como objetivo la reinserción laboral de los perceptores, sino que "los beneficiarios sean suficientemente autónomos como para buscar trabajo o asesoramiento laboral". En cualquier caso, ha dicho que esta ley no acabará con el problema de la pobreza en el país.

En el mismo sentido se ha manifestado MÉS per Menorca, que ha considerado que este martes es "un gran día para la política". "A pesar de la crisis, se puede y se debe hacer política y otra política es posible", ha añadido el diputado Josep Castells.

Pi y c'S

Defienden sus enmiendas

La diputada del PI Maria Antònia Sureda ha opinado que la renta es "una propuesta necesaria", si bien ha añadido que "debe ir acompañada de otros programas sociales". Además, ha destacado la necesidad de que la renta no provoque un "efecto llamada" y ha anunciado que el PI votará en contra de todos los artículos a los que su grupo mantiene enmiendas, así como al artículo 4 del texto.

Finalmente, Ciudadanos ha defendido que la introducción de sus enmiendas al texto hubiese hecho de la ley un verdadero "instrumento efectivo".