La interventora de la Junta de Andalucía en Cádiz, Nieves Chao Serrano, ha declarado este martes como testigo ante la juez María Núñez Bolaños dentro de la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación gestionados por la Junta y ha asegurado que los certificados de finalidad de los cursos reflejaban más gastos de los realmente realizados.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que esta interventora ha comparecido ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla dentro de la pieza separada que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y ha explicado que los certificados de finalidad de los cursos debían ir acompañados de un informe de auditoría externa.

Al hilo de ello, la interventora de la Junta en Cádiz ha puesto de manifiesto que el órgano gestor, en referencia al SAE, en ocasiones tenía que emitir a su vez un informe "rectificando" el informe de auditoría, y ha añadido que, al comprobar finalmente los certificados de finalidad, pudieron ver que reflejaban más gastos de los realmente realizados, que "eran menos".

La interventora, que ha asegurado que el SAE "no fue capaz de aportar las resoluciones de homologación" de los centros que impartían los cursos, ha opinado que el SAE "tendría que haber sido más estricto" en la gestión y el control de los cursos y ha admitido que realizó un borrador de informe de actuación porque el propio SAE "no había cumplido" con las recomendaciones que se le realizaron.

Esta interventora compareció el pasado día 4 de marzo en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en los cursos de formación.

En la jornada de este martes también ha comparecido ante la juez el interventor de la Junta en Almería, Juan José Castillo, quien ha puesto de manifiesto algunas irregularidades detectadas, como por ejemplo que no se cumplía con el requisito de contratar al 60 por ciento de los alumnos de los cursos.

Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que, durante las comparecencias, el abogado de la Junta se ha planteado si existe delito en el marco de la investigación que afecta al SAE, aunque otras fuentes presentes en las declaraciones han negado este extremo.

La juez, dentro de esta pieza separada, ha citado a declarar como testigos al resto de interventores provinciales los próximos días 7 y 21 de abril, mientras que el día 28 de abril ha citado como testigo al actual director gerente del SAE, Julio Coca Blanes.

De igual modo, la juez instructora ha citado a declarar en calidad de investigados al jefe de servicio de Formación en Cádiz, Antonio Juan Vidal Agarrado, y al director general de Formación, José Gutiérrez Muñoz.

Ambos habían solicitado a la magistrada poder declarar de manera voluntaria en sede judicial.