Nueve meses después de su entrada en vigor, el Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una iniciativa que solicita al Gobierno que derogue inmediatamente la prisión permanente revisable que recoge el Código Penal por tratarse de una pena "inhumana y degradante", pero ante todo "inconstitucional".

Con el único voto en contra del PP, la Comisión de Justicia ha sacado adelante una proposición no de Ley de ERC en la que se insta al Ejecutivo a derogar lo que la mayoría de los grupos han tachado como cadena perpetua, que no responde a una demanda ciudadana, no garantiza más seguridad y choca con los principios constitucionales.

De hecho, todos los grupos han recordado que la prisión permanente revisable, que acaparó las críticas más duras de la oposición parlamentaria la pasada legislatura, fue aprobada sin consenso con los votos del PP y que, además, se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC).

Ahora bien, el PP se ha opuesto rotundamente a su eliminación al defender que la prisión permanente revisable "no es una cadena perpetua ni de lejos", ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que esta figura es compatible con la reinserción.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha defendido que la prisión permanente revisable es una medida "razonable" pues en todas las sociedades democráticas europeas existe una figura de estas características, y ha puesto como ejemplo a Francia, Alemania y Reino Unido.

La Comisión de Interior del Congreso también ha aprobado, con los únicos votos en contra del PP y del diputado de UPN, solicitar al Gobierno que derogue la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana para que se vuelva al texto anterior, la norma de 1992 conocida como 'Ley Corcuera'.

Tras una negociación entre el grupo proponente, ERC, que pedía derogar el texto aprobado hace ocho meses -la bautizada como 'Ley Mordaza'- y el PSOE, finalmente se ha acordado la siguiente redacción de la iniciativa: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar la reforma de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en 2015".

El PSOE aclara que no pretende una derogación total, que dejaría "sin instrumentos" a la Policía, sino volver a la Ley socialista de 1992, eliminando los aspectos introducidos por los populares que ya recurrieron al Tribunal Constitucional.

Así, los grupos de la oposición, salvo Ciudadanos, han apoyado una proposición no de ley que ha promovido en primera instancia ERC, y que ha sido pactada con el PSOE. La votación se ha saldado con 28 votos a favor de PSOE, Podemos, ERC y Democracia y Libertad, y 15 votos en contra de PP y Ciudadanos.

La proposición no de ley también solicita al Ejecutivo paralizar de manera "inmediata" las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, ya que estas prácticas no son acordes a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España.

Por otro lado, el Congreso de los Diputados también ha aprobado este martes, con los únicos votos en contra del PP, solicitar al Gobierno que elimine las tasas judiciales para las pequeñas y medianas empresas (pymes) así como para las entidades sin ánimo de lucro como las ONG por considerarlas un obstáculo para el acceso a la Justicia.

Además, la Comisión de Justicia del Congreso ha acordado solicitar al Gobierno que tome las medidas que sean necesarias para que no se aplique la limitación de los plazos de la instrucción judicial que entró en vigor el 6 de diciembre y que tendrá sus primeros efectos el próximo 5 de junio.

A falta de dos meses para que se cumpla ese plazo de medio año en el que se deben culminar las investigaciones penales simples para las que no se haya solicitado una prórroga -el plazo es de 18 meses en las causas declaradas complejas-, todos los grupos menos el PP se han puesto de acuerdo para reclamar que no se aplique esa "ley de punto final" a fin de evitar el sobreseimiento de las causas en instrucción por el mero transcurso del plazo.

Otra petición del Congreso ha sido impulsar actuaciones que promuevan la claridad del lenguaje jurídico, pues considera que los ciudadanos no comprenden ni entienden el lenguaje empleado por jueces, fiscales y abogados.