La Junta de Andalucía ha pedido este martes al Ministerio de Educación que busque "acuerdo y diálogo" con las comunidades autónomas y traslade "mensajes de tranquilidad y seguridad jurídica" para garantizar los alumnos de Segundo de Bachillerato repetidores el próximo curso 2016-2017 no quedan en un "limbo jurídico" con la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que la Junta estudia una nueva orden que acaba de publicar el Ministerio sobre este colectivo "sin diálogo ni consulta con las comunidades autónomas" y ha confiado en que "signifique un periodo transitorio para los alumnos del modelo actual que no puedan incorporarse directamente al nuevo modelo Lomce".

En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Vázquez ha reiterado el "rechazo" de la Junta a la Lomce "junto a la práctica totalidad de la comunidad educativa" por ser una norma "injusta y segregadora que perjudica al modelo público y ataca frontalmente un modelo educativo que garantice la igualdad de oportunidades".

El portavoz ha recordado que la Junta trabaja "con todos los medios a su alcance" para "mitigar los perjuicios que puede provocar sobre el alumnado" las "numerosas deficiencias" de la Lomce y por este motivo lleva "semanas denunciando el "serio problema" provocado por la "imprevisión y precipitación" en la aplicación de la ley para los "alumnos de Segundo de Bachillerato repetidores el próximo curso, que pueden quedar en un limbo académico por aplicar directamente el modelo Lomce sin plantear alternativa para repetidores o con asignaturas pendientes".

Vázquez ha criticado que el Gobierno haya "sacado a prisa y corriendo una orden con los mismos defectos que la Lomce, sin diálogo, sin consulta con las CCAA y con enorme precipitación" y ha lamentado que "el Ministerio vuelva a llegar tarde tras haber creado enorme inquietud en padres y alumnos".

En cualquier caso, el portavoz ha explicado que la Junta exige al Gobierno que "la aplicación de esta orden no tenga efectos económicos sobre los presupuestos de las comunidades autónomas" y ha pedido al Ministerio que "busque el acuerdo y el diálogo con las comunidades autónomas y traslade mensajes de tranquilidad y seguridad jurídica a familias y alumnos".