Íñigo Méndez de Vigo
Íñigo Méndez de Vigo fue nombrado en marzo de 2015 ministro de Educación, Cultura y Deporte, en sustitución de José Ignacio Wert. EFE/Archivo/Zipi

Es uno de los buques insignia del Gobierno del PP en la pasada legislatura, y también una de las leyes más contestadas tanto por la oposición como por la comunidad educativa al completo, que siempre se manifestó en contra. La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) fue probada en el Congreso en 2013, pero poco pudieron hacer entonces, salvo protestar, los distintos partidos con representación parlamentaria, arrollados por la mayoría absoluta de los populares en la Cámara baja.

Esta ley, cuya fase final de aplicación entrará en vigor el próximo curso si nada lo frena antes, volverá a protagonizar un pleno del Congreso este martes, ya que, a propuesta del PSOE, los grupos debatirán y votarán su paralización en lo que es la primera proposición de ley y el primer intento de reforma legal de esta legislatura. Es la primera vez en democracia que el Congreso inicia su actividad legislativa con un Gobierno en funciones.

Previsiblemente la proposición del PSOE contará con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP. Fuentes de Ciudadanos sostienen que en principio tienen pensado abstenerse, pero no descartan votar a favor a última hora, como persiguen sus socios de Gobierno socialistas y con quienes están en "permanente contacto". La razón de no votar a favor, según explican desde la formación naranja, es que el pacto de Gobierno entre PSOE y C's incluye promover un pacto nacional por la Educación que "no se incluye en la propuesta socialista".

El texto de la iniciativa socialista, no obstante, remarca que la paralización del calendario de la LOMCE es el "paso prioritario" para poder comenzar a reconstruir "un acuerdo común" entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para lograr un sistema educativo "estable y de calidad".

Valor simbólico y político

Si sale adelante la toma en consideración, la proposición irá a comisión, donde se abrirá un plazo para que los distintos grupos presenten sus enmiendas, y de ahí irá al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. El valor del resultado de esta primera votación será, por tanto, simbólico, puesto que el PP, aunque no puede frenarla, sí puede demorarla lo suficiente (hasta dos meses) para que su aprobación definitiva no llegue a tiempo antes de unas nuevas elecciones, que se convocarán el 2 de mayo próximo si no hay antes acuerdo de investidura.

En caso de haber nuevo Gobierno, y tras ser rechazada por la mayoría del PP en la Cámara Alta, esta normativa tendría que volver al Congreso, donde sí podría tramitarse. Pero, aunque no viese finalmente la luz, el proceso parlamentario de esta proposición de ley servirá para asestar un nuevo golpe a una leyque arrastra, desde julio de 2013, un pacto entre todas las formaciones políticas que entonces se encontraban en la oposición parlamentaria (salvo UPyD, Foro de Asturias y UPN) para derogarla en cuanto cambiase la mayoría en la Cámara Baja. El pasado enero, cinco colectivos de docentes, padres y alumnos reclamaron que se cumpliera ese compromiso que selló la oposición por escrito.

Y servirá, también, para evidenciar el aislamiento de un Partido Popular que se quedaría solo en su voto en contra, ya que los partidos que han mostrado su firme disposición a derogar la LOMCE superan ya en el Congreso la mayoría absoluta necesaria (176 escaños) para modificar una norma de rango orgánico como la 'Ley Wert'. Así, han manifestado su deseo de tumbar la 'Ley Wert': PSOE (89 diputados y firmó el acuerdo), Podemos (42), En Comú (12), Compromís (9, en el pacto), ERC (9, firmó el acuerdo), Democracia y Libertad --antigua CiU, que también selló el acuerdo parlamentario-- (8 diputados), PNV (6, forma parte del acuerdo), En Marea (6), Izquierda Unida (2, se sumó al acuerdo), EH Bildu (2, también está en el pacto por derogarla), Coalición Canaria y Nueva Canarias (1 cada una, dentro del acuerdo). Ciudadanos apuesta por la abstención.

Precisamente, a mediados de marzo el PSOE presentó una iniciativa similar en el Senado que fue apoyada por toda la oposición (incluida Ciudadanos) y rechazada gracias a los votos mayoritarios del PP.