La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha acordado este martes suspender la vista por la pieza de Fitur dentro del 'caso Gürtel' para tomar declaración a diez testigos propuestos por las defensas de Francisco Correa y Pablo Crespo, después de que en la última sesión, celebrada en marzo, Fiscalía incluyera en su calificación la acusación de asociación ilícita para los considerados miembros de la red de empresas del grupo.

Las nuevas testificales tendrán lugar los días 7, 8 y 9 de este mes, a las 9.30 horas, según ha avanzado en la sala la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva. Asimismo, el tribunal ha acordado admitir la documentación solicitada por Correa sobre el informe de las cuentas de empresas del grupo como Orange Market o Easy Concept, entre otras, si bien dado que es una información que consta en el Registro Mercantil, la sala ha considerado que deberá aportarla el propio acusado puesto que son datos accesibles para cualquiera.

Así se ha acordado en la sesión del juicio prevista para este martes, en el que la vista debía de haber entrado en su fase final con la defensa de las conclusiones por las partes, antes de quedar visto para sentencia. Inicialmente, para esta fase de informes se había señalado los días 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de este mes.

Sin embargo, tras la última sesión, en la que la fiscal modificó su escrito de defensa para sumar el delito de asociación ilítica para algunos de los acusados —los considerados parte de la trama Gürtel—, la sala ha suspendido la vista para tomar nuevas declaraciones a testigos propuestos por Correa y Crespo.

Fuentes jurídicas han explicado que la modificación anunciada por Fiscalía supone tres años más de prisión y multa por este delito para los que sostiene que son los cabecillas de la organización, Francisco Correa y Pablo Crespo, y 18 meses de cárcel para el resto de trabajadores o responsables de las empresas del grupo: Isabel Jordán, Mónica Magariños, Cándido Herrero y Álvaro Pérez, que dirigió Orange Market en Valencia.

Fiscalía considera que en este caso se puede atribuir asociación ilícita a estos acusados porque existió una organización estable, permanente, con un reparto de papeles entre ellos y con una jerarquía determinada que se creó expresamente para delinquir. Durante sus interrogatorios, la representación del ministerio público preguntó a los acusados qué sociedades formaban el grupo, funciones e integrantes, interrogantes a los que siempre contestaron los procesados.

PROTESTAS

La decisión de la sala de citar a los diez testigos, que según fuentes jurídicas es "garantista" con los derechos de la defensa, ha provocado la protesta de la fiscal, a efectos de presentación de un posible recurso ante el Tribunal Supremo.

De igual modo ha formulado protesta las defensas —que consideran que la acusación de Fiscalía supone un elemento que no se ha visto en el juicio— de Mónica Magariños —que ha anunciado que se reservan acciones por vulneración de derechos y petición de amparo ante el Constitucional; a la que se han adherido las de Isabel Jordán; Álvaro Pérez, Cándido Herrero y Pablo Crespo. En este punto, la magistrada presidenta le ha llamado la atención porque le ha recordado que los diez testigos los había propuesto él mismo.

13 ACUSADOS

El juicio por esta pieza, en la que se juzgan presuntas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, arrancó el 31 de marzo de 2015 con cuestiones previas y se reanudó en junio. En el banquillo de los acusados se sientan las exconselleras de Turisme con Francisco Camps Milagrosa Martínez, que inicialmente se enfrenta a 11 años de prisión y 34 de inhabilitación; y Angélica Such, para quien el ministerio fiscal reclama nueve años de inhabilitación; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turisme (AVT), Rafael Betoret, que se enfrenta a 11 años de cárcel y 28 de inhabilitación.

Así mismo, por parte de la administración, figuran entre los acusados el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT, Isaac Vidal —el fiscal le reclama 11 años de cárcel y 26 de inhabilitación-; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia, quien se enfrenta a siete años de prisión y 23 de inhabilitación; Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT —a siete años y 19 de inhabilitación— y Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat —siete años de inhabilitación —.

Para los considerados cabecillas de la trama, Fiscalía reclamaba inicialmente —a lo que se deberá sumar la modificación señalada— para Álvaro Pérez 10 años y 23 de inhabilitación; a Pablo Crespo, 11 años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación; Cándido Herrero, seis años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación; Francisco Correa, 10 años y 23 de inhabilitación; Isabel Jordán (exadministradora de empresas de la trama), seis años y tres meses de prisión y 10 de inhabilitación y Mónica Magariños, exempleada, cuatro años y nueve meses de cárcel y 10 de inhabilitación.

Los acusados se enfrentan, en diferentes grados, a delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. A los miembros de la red les atribuye ahora también asociación ilícita.