El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este sábado que el equipo "tripartito" de Gobierno "abandona" los proyectos de Rehabilitación del polígono de 29 de octubre y del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad después de la última modificación del proyecto de ARU y por la no inclusión en el Plan de inversiones financieramente sostenibles de actuaciones relacionadas con el entorno de las vías férreas.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PP ha aseverado que el equipo de Gobierno "abandona" el proyecto de ARU de 29 de octubre, promovido por el Ejecutivo de Francisco Javier León de la Riva, y ha augurado que supondrá "la pérdida de la financiación de la Junta y del Gobierno Central".

A juicio del PP, el alcalde, Óscar Puente, y el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, han preferido sustituir la reforma de la barriada 29 de Octubre, "que suponía reconstruir todas las viviendas en condiciones de calidad y habitabilidad, para mantener las 570 infraviviendas que existen con un plan de chapa y pintura".

El PP ha recordado que la barriada 29 de Octubre se construyó en la posguerra con unas condiciones que "hoy no se consentirían por la normativa legal, sin calefacción y con las peores condiciones de habitabilidad y, por desgracia, con un importante asentamiento de pobreza".

Según los 'populares' el proyecto planteado por el equipo de Gobierno del PP y que aprobó ya la actual Corporación en octubre de 2015, estas viviendas "iban a ser demolidas y construidas nuevas gracias al esfuerzo inversor de tres administraciones la municipal, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España".

Cabe apuntar que el proyecto se planteaba en varias fases, de las cuales la primera planteaba la demolición de unas 170 viviendas y la construcción de entre 80 y 85 viviendas nuevas. Por otro lado, mientras que la Junta ya había concedido hace un año una subvención de algo más de 4 millones de euros para el ARU, todavía estaba por confirmar la participación del Ministerio de Fomento.

Según el comunicado de los 'populares', con la decisión municipal de "abandonar el proyecto de ARU se pierde el compromiso y la financiación de las otras dos administraciones" y se pretende "afrontar un proyecto que le cuesta más de 13 millones a los vecinos de Valladolid para pintar, retejar y arreglar las arquetas de la zona".

Por ello, entienden que "las infraviviendas y la pobreza seguirán existiendo en la zona, recién pintadas, pero sin las condiciones de habitabilidad necesarias".

Así, el grupo municipal Popular ha convocado a todos los vecinos que quieran acercarse el próximo martes a las 19.00 horas en el Centro Cívico Integrado de la Zona Este para hablar sobre este proyecto de la barriada 29 de Octubre, así como del soterramiento del ferrocarril.

Sobre este segundo asunto, el Grupo Popular ha reprochado que el Ayuntamiento ha decidido "no meter ni un euro de los remanentes del presupuesto de 2015 en el soterramiento", a pesar de que afirman que tiene "reconocida" una deuda por su participación en la sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El PP ha añadido que, mientras "el Estado y la Junta han comprometido el pago inminente de más de 62 millones de euros", el Ayuntamiento "no guarda un euro" para ello, al tiempo que han apuntado que "el tripartito municipal tiene un plan oculto para abandonar progresivamente el soterramiento".

El pasado jueves, cuando el alcalde de la ciudad presentó el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles que se ejecutarán con el citado remanente, explicó que el equipo de Gobierno no podía dedicar esas cantidades a pagar la deuda de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad por que mantiene la tesis de considerar que ese endeudamiento no es municipal, sino que corresponde a la entidad formada por Ayuntamiento, Junta, Adif y Renfe.

En este sentido, el equipo de Gobierno formado por PSOE y Valladolid Toma la Palabra mantiene que si el Consistorio pagara parte de esa deuda implicaría el reconocimiento de la misma como deuda municipal y una consiguiente reducción en la misma cantidad (31 millones de euros) del Presupuesto municipal, lo que dificultaría la prestación de determinados servicios.