La juez María Núñez Bolaños ha declarado de especial complejidad la pieza separada de la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta que afecta al consorcio público de formación de la Junta Formades, lo que permite que, en lugar de los seis meses que precisa la Ley de Enjuiciamiento Criminal como plazo máximo para investigar una causa, la instructora disponga de un máximo de 18 meses para poder concluir la investigación.

En una nota, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la juez ha declarado compleja esta pieza con el fin de prorrogar durante 18 meses la investigación llevada a cabo sobre "el presunto favorecimiento concertado, y dirigido desde la Consejería, de determinados empresarios mediante la expedición de certificados de finalidad realizados por las partes investigadas, y la concesión de exoneración de justificación desde la Dirección General en cuya elaboración participarían".

En un auto dictado el día 21 de diciembre de 2015, la magistrada dividió en nueve piezas la 'macrocausa' de los cursos de formación, tres de las cuales versan sobre los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco y al empresario José María Pérez González, mientras que cuatro de las piezas se centran en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.

De igual modo, la instructora dividió el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.

Hasta el momento, la juez ha declarado de especial complejidad todas las piezas en que ha separado la causa a excepción de la vinculada al entramado empresarial del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda.

Petición de la fiscalía

En un escrito elevado al Juzgado en diciembre de 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto Patiño, consideraba que la causa de los cursos de formación "presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad".

El fiscal, que hizo esta petición antes de que la juez dividiera la causa en piezas, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "se considerará que la investigación es compleja" cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, y exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis.

En este sentido, el Ministerio Público señala que la causa de los cursos de formación "presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad, en especial" estos cuatro primeros apartados y "particularmente" el quinto que establece dicha ley, como es que la causa implique la realización de actuaciones en el extranjero, pues la investigación conllevará "una labor revisora y de análisis especialmente complejo".

La Fiscalía explica que el nuevo artículo 324 de la Ley diseña un modelo de plazos de la instrucción "que exige el establecimiento por parte de la Fiscalía de unos mecanismos de control de los procedimientos más minuciosos que los existentes en la actualidad", de manera que se fija un plazo general de duración de la instrucción de seis meses que se eleva a 18 cuando la instrucción sea declarada compleja, añadiendo que el sistema de prórrogas de hasta 18 meses adicionales "es aplicable exclusivamente a instrucciones complejas".

PRÓRROGA

En este sentido, pone de manifiesto que, "tanto en las causas ordinarias como en las complejas, es posible fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción cuya extensión temporal no está limitada por la nueva disposición legal", y en este punto explica que la declaración de complejidad "debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses".

De este modo, el propio instructor "puede dar traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre si procede declarar compleja la instrucción", mientras que "tampoco existe obstáculo alguno para que si las circunstancias que justifican la declaración de complejidad de la instrucción, la prórroga o la fijación de plazo máximo son apreciadas 'ab initio', pueda declararse la complejidad, acordarse la prórroga o fijarse el plazo máximo desde el momento en que consten las mismas, sin necesidad de agotar los plazos legales".