Los promotores que quieran desarrollar su actividad y construir vivienda en Galicia se verán obligados a inscribirse en un registro autonómico en el que tendrán que informar si han sido sancionados a lo largo de su trayectoria, sobre las obras en desarrollo en los últimos años o los medios y materiales de los que disponen para realizar sus actuaciones.

Se trata de una de las novedades que incluye el proyecto de decreto que desarrolla tanto la Lei de Vivenda del año 2012 como el Plan RehaVita, que inicia este viernes su proceso de exposición pública para recibir alegaciones y que ha sido presentado por la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel Vázquez, y el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García.

Este decreto unifica "por primera vez" toda la regulación de viviendas protegidas y su adjudicación, los locales de patrimonio del IGVS, el suelo destinado a vivienda protegida, además del citado Registro de Promotores de Vivenda de Galicia.

Sobre esta última medida, una de las principales "novedades" que recoge este documento, Vázquez ha destacado que el objetivo es ofrecer "más transparencia" y "más información" a los ciudadanos, que podrán comprobar la profesionalidad y la "calidad" del trabajo de los promotores de vivienda o "si han tenido sanciones en algún momento", lo que es "beneficioso" para todos.

De este modo, se busca "lograr una mayor adaptación de las políticas públicas a la realidad actual", al tiempo que se ofrecen "más garantías" para los adjudicatarios como a todas las partes implicadas en el proceso.

Nuevas modalidades

Heriberto García ha explicado que el texto amplía las modalidades de viviendas de promoción pública, añadiendo las concertadas y las de inserción o asistenciales.

Las de régimen ordinario son aquellas promovidas directamente por el IGVS en suelos preferentemente del propio Instituto o bien, en algún caso, cedidos por ayuntamientos en localidades de más de 25.000 habitantes.

Las concertadas cubren una necesidad para aquellos núcleos de menos de 25.000 habitantes, planteando una promoción concertada entre ayuntamiento, IGVS y un promotor privado o cooperativa que ejecutará las obras. Los adquirientes accederán en las mismas condiciones que aquellas promovidas en régimen ordinario.

Otra modalidad, de inserción o asistenciales, abarca aquellas de titularidad de IGVS o de entidades sin ánimo de lucro que a su vez, de forma coordinada, gestionarán para prestar atención y apoyo social para realojar a personas en situación de alta dificultad de integración. El requisito es que los ingresos sean inferiores a 1,5 veces inferiores el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Por su parte, las de núcleos rurales o cascos históricos son edificaciones en situación de deterioro que adquiere el IGVS en estas zonas para rehabilitar y destinar a promoción pública.

COPROPIEDAD

Otras novedades se refieren a los regimenes de adjudicación, con tres modalidades nuevas. Una de ellas es la copropiedad, para que aquellas familias con dificultad de acceso puedan adquirir un mínimo del 60% de la propiedad, y el resto quedaría en titularidad del IGVS o otra administración local, aunque el usuario podrá adquirir la totalidad en cualquier momento. Los requisitos ingresos estarán entre 0,7 y 2,5 veces el IPREM.

También se crea el acceso diferido en la que los adjudicatarios adquieren posesión y la titularidad permanece en manos del Instituto. El plazo máximo de amortización será de 30 años. Se crea otra modalidad, derecho de superficie, que establece una adjudicación donde se mantiene la titularidad durante un periodo de 30 años, que puede ser prorrogado, tras el que se devolverá al IGVS.

En la venta de Viviendas de Promoción Pública, el IGVS tiene concertado una serie préstamos con entidades financieras para facilitar acceso financiación a las familias y se amplía el plazo amortización a 30 años.

En alquiler, con o sin opción de compra, se determinará la renta en función ingresos de la unidad familiar y en caso de que ejercite esta opción se descontarán cantidades pagadas en concepto renta para adquisición de esa vivienda.

Los requisitos de accesos, con carácter general, se sitúan entre el 0,7 y 3 veces el Iprem, ampliando el abanico de personas que pueden beneficiarse y optar.

También se establecen medidas protección colectivos vulnerables, con facilidades de pago mediante fraccionamientos y ampliación el plazo máximo de amortización por tres años, o para que personas en situación de dificultad puedan pagar el 50 por ciento de la renta sin acumular deuda.

Vpa y registro de demandantes

En lo que se refiere a Viviendas de Promoción Autonómica, se mantienen los regímenes de especial (hasta 3 veces Iprem), general (4,5) y concertado (6,5). Se pretende "flexibilizar" su ejecución, dado que la dificultad de acceso son mayores y se pretende "simplificar" su tramitación.

Se regula una reducción de los periodos de protección que se establecen por áreas geográficas en 15, 20 y 25 años, y se simplifican las exigencias para que las cooperativas puedan acceder a las cualificaciones de VPA.

El decreto busca también flexibilizar el funcionamiento del Registro de Demandantes, que sirve para conocer la demanda de este tipo de viviendas en las localidades, incrementando el periodo y vigencia de inscripción de 3 a 5 años y se establece adjudicación directa en caso de realojo por ejecución hipotecaria.

En relación a los locales de negocio, están orientados a promover iniciativas generadoras de empleo, de emprendedores, de apoyo mujeres embarazadas y víctimas de violencia de género.

Sobre suelo residencial, se establece unos precios máximos de repercusión de ese suelo para construir vivienda protegida y "limitar" el precio, de modo que su construcción no se haga inabordable.

Cuatro meses

El texto, estructurado en 212 artículos, inicia así su proceso de tramitación que prevé extenderse durante unos cuatro meses, con la previsión de aprobarse a lo largo del presente ejercicio.