Un total de 9.604 personas se beneficiaron en 2015 de las ayudas de emergencia social que el Gobierno de Navarra concedió en octubre a las entidades locales para cubrir de modo urgente necesidades básicas de alojamiento, energía, suministros, nutrición, salud y educación de personas con carencias económicas y sociosanitarias. De ellas, 3.709 eran menores.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y la directora general de Inclusión y Protección Social, Gema Mañú, han presentado este viernes el informe de ejecución de las ayudas, que han supuesto un total de 1.685.474 euros, de los que 1.569.480 euros han sido aportados por el Ejecutivo y el resto, por las entidades locales.

Cabe recordar que es la primera vez que se conceden este tipo de ayudas, enmarcadas dentro de las medidas extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo foral para abordar la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

La mayor parte del gasto, 960.136 euros (57%) se ha destinado a necesidades relacionadas con la vivienda (pago de alquiler u otros tipos de alojamiento, hipoteca, etc) o al abono diferentes suministros de la vivienda habitual, principalmente de energía, con un 44,9% (756.139 euros) y un 12,1% (203.996 euros) del gasto respectivamente.

A nutrición y salud (gastos de alimentación diaria e higiene) se han destinado 437.433 euros (26%), a educación e integración socio-laboral, 96.488 euros (5,7%) y a la cobertura de otras necesidades básicas, 191.415 euros (11,4%).

El vicepresidente de Derechos Sociales ha hecho una valoración "netamente positiva" de esta ayuda, destacando "el alto nivel de ejecución presupuestaria del programa, su notable distribución a un montón de familias y de personas en cuantías que cubren necesidades muy básicas, la rapidez de la gestión de los servicios sociales de base y la propia aportación de recursos complementarios que han hecho algunos de ellos".

En este sentido, Miguel Laparra ha agradecido a las entidades locales "toda la colaboración administrativa que han ofrecido para dar una respuesta urgente a las necesidades de la ciudadanía".

En total, 3.240 unidades familiares han recibido algún tipo de ayuda de emergencia; además, de las 9.604 personas beneficiarias, 3.709 eran menores, un 38,62%.

Así, un 60% del total de las ayudas (1.094.700 euros) ha ido destinado a unidades familiares con menores a cargo, principalmente para la cobertura de necesidades relacionadas con el alojamiento y el mantenimiento de la vivienda habitual y, en menor medida, de necesidades de alimentación e higiene.

Según datos de 2012, en Navarra la incidencia de la "privación material" en menores es del 18,3% frente al 16,5% del total de la población y en riesgo de pobreza en encuentra el 24,6% de los menores frente al 17,7% de la población general. Igualmente, resulta destacable que en el 62% de las ayudas, las personas titulares de la prestación son mujeres.

Según recoge el informe de ejecución, el 93% de entidades locales han realizado una valoración positiva de la medida y consideran este tipo de convocatorias como una herramienta válida y positiva ya que permite un mayor acercamiento a las personas y a sus situaciones de vulnerabilidad social.

Igualmente, según ha explicado Gema Mañú, las entidades locales valoran como positiva la amplitud de conceptos subvencionables (alojamiento, energía, nutrición/salud o educación/integración, entre otras), la rapidez en la resolución de las ayudas, siendo la media del tiempo empleado en la concesión de 8 días laborables, la ampliación de la cobertura de las ayudas y la satisfacción de las familias perceptoras de las mismas.

Puntos de mejora

Por otra parte, las entidades locales han planteado una serie de puntos de mejora, referentes a la gestión de las ayudas, entre los que se destacan la necesidad de convocarlas cuanto antes para que estén disponibles todo el año, ampliar las mismas, así como añadir conceptos y cuantías subvencionables entre otras.

En este sentido, Laparra ha anunciado que en las próximas semanas se pondrá en marcha la convocatoria de ayudas correspondiente a 2016, dotada con 2 millones de euros, y en cuya elaboración se han tenido en cuenta las propuestas de mejora apuntadas por las entidades locales.

1,5

Millones para otras dos convocatorias

Además, Miguel Laparra ha anunciado que ya se han puesto en marcha dos convocatorias de ayudas por un importe de 1.451.000 euros destinadas a entidades sin ánimo de lucro, para proyectos de inclusión social y promoción de los grupos de población más vulnerables, y para el fomento del empleo en personas perceptoras de renta de inclusión social. Ambas se publicaron en el Boletín Oficial de Navarra este miércoles 30 de marzo (BON nº 60) y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 19 de abril.

La primera de ellas está dotada con un total de 684.000 euros (375.000 euros más que en 2015, lo que supone un 63% de incremento), que se destinarán a la participación de personas en situación de exclusión social en centros ocupacionales de inserción (30.000 euros); a plazas residenciales para este colectivo (130.000 euros); mejora de la cobertura de sus necesidades alimentarias (80.000 euros); acompañamiento social especializado no cubierto por los servicios públicos dirigido a personas que ejercen la prostitución (150.000 euros); actividades para la promoción social de la población gitana (174.000 euros); y a actuaciones socioeducativas para personas reclusas y/o ex reclusas (120.000 euros).

La segunda convocatoria tiene como objetivo la mejora del acceso al empleo y contratación de personas en situación de exclusión social y que no pueden utilizar los recursos ordinarios existentes para tal fin.

Contempla dos modalidades: por un lado, se subvencionará el desarrollo de itinerarios personalizados de atención, acciones de búsqueda activa de empleo y/o intermediación laboral, formación prelaboral adaptada y formación ocupacional y prácticas en empresas. Cuenta con una dotación de 367.000 euros.

La segunda modalidad, para la que se reservan 400.000 euros, se dirige a la contratación, prioritariamente, de perceptores de la renta de inclusión social, con una subvención por puesto de trabajo de hasta el 140% del salario mínimo interprofesional, incluyendo prorrata de pagas extras y seguridad social. Los contratos deberán tener una duración mínima de 6 meses e incluirán actividades formativas o de habilidades prelaborales.

En este caso, cabe destacar que la principal novedad de esta convocatoria es un mayor enfoque hacia la inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social, con especial acento en las personas que reciben la renta de inclusión social.

Ambas convocatorias se financian con el porcentaje que los contribuyentes navarros destinan a fines de interés social, al amparo de la Ley Foral por la que se regula la asignación tributaria del 0,7%.