El diputado del grupo parlamentario de Podemos Juan López de Uralde ha presentado en el Congreso una batería de preguntas, dirigidas al Gobierno, sobre el proyecto de Gas Natural de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana con las que quiere que se explique si el mismo es compatible con la protección de Doñana y se detalle su posible impacto en el acuífero Almonte-Marismas.

López de Uralde formula estas cuestiones a raíz de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas que otorga a Gas Natural la autorización administrativa y el reconocimiento de utilidad pública para la ejecución del proyecto, denominado 'Marismas'.

El diputado de la formación ecologista quiere que el Gobierno valore la división del proyecto, "a propósito", en cuatro partes para "no tener que evaluar sus impactos acumulativos sobre Doñana" y si comparte que esa acción es "contraria a la normativa europea de protección de la naturaleza".

Asimismo, pide que se aclare si ha evaluado el riesgo sísmico de esta actividad y lamenta que parezca que el Gobierno "no han aprendido nada de lo que pasó con el proyecto Castor".

López de Ugalde critica que el Ejecutivo haya "ignorado" la resolución aprobada por el Consejo de Participación de Doñana que recomendaba al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente revisar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de todos los proyectos de almacenamiento de gas en la comarca de Doñana, a fin de evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos de los mismos.

Según ha explicado en una nota de prensa, para Equo, el desarrollo de este proyecto pone "en serio peligro la máxima protección nacional y europea" de Doñana y "afectará" al acuífero del que depende todo el ecosistema marismeño y a muchas especies amenazadas, incluido el endémico lince ibérico que encuentra en la zona afectada una de sus principales áreas de dispersión.

"Es inaceptable que el gobierno en funciones siga haciendo favores a las grandes empresas eléctricas, en este caso poniendo en riesgo nada menos que el Parque Nacional de Doñana, una de las mayores joyas de la naturaleza española que además pertenece a la Red Natura 2000", ha declarado el diputado.

Por su parte, para la coportavoz de Equo Huelva, Isabel Brito, la autorización vuelve a poner de manifiesto la "utilización interesada" por parte de las grandes empresas energéticas de los instrumentos legales de prevención ambiental para "amparar al albur del marco legal en vigor auténticas agresiones al territorio" y la "falta de transparencia y honestidad" con la que el Gobierno "despacha" los asuntos de interés general.

Brito ha advertido de que "Doñana sigue siendo patrimonio de todos y todas a pesar de los intentos constantes de los lobby de diversos sectores como el energético, o el de la agricultura intensiva, por reducirlo a la mínima expresión" y ha censurado la "complicidad de nuestras instituciones con sus intereses".

Para los miembros de Equo hay que poner sobre la mesa un cambio de modelo energético y productivo que "relaje las presiones" sobre el patrimonio natural y permita la creación de nuevos puestos de trabajo asociados a la producción de energía limpia y la conservación de los espacios naturales, algo que "no será posible sin la participación activa de la población".