El juzgado número 9 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha resuelto fallar en favor del Partido Popular de Alcalá de Guadaíra y en contra de la liquidación "apresurada y sin información por parte del Gobierno socialista de la sociedad pública ACM".

Según el PP, en 2013 antes de que trascendiera la investigación que la fiscalía y la Guardia Civil habían iniciado respecto a Alcalá Comunicación (ACM), el Gobierno socialista de Gutiérrez Limones, "cercado por la nueva Ley de Sostenibilidad de las Administraciones Públicas del Gobierno de España, que pretendía acabar con esas sociedades municipales, que eran agujeros negros para las arcas públicas, decide, unilateralmente, y de forma totalmente opaca, cerrar ACM sin dar explicaciones sobre las cuentas y las deudas que esta empresa dejaba tras de sí".

Los 'populares' "solicitaron reiteradamente información de carácter económico para saber todo lo concerniente a la liquidación que se pretendía por el PSOE". Según dicen la solicitaron, bien a través del consejero que el PP tenía de representación en el Consejo de Administración y directamente en el propio Ayuntamiento.

El PP afirma que, ni por una vía ni por otra, el Partido Popular pudo tener acceso a los detalles de las cuentas, facturas y deudas de la empresa municipal de forma previa a la convocatoria de la Junta General donde se decidió, con el voto de calidad del propio Gutiérrez Limones, liquidar Alcalá Comunicación.

Desde el PP han subrayado, que la convocatoria se realizó aprovechando la baja de una de las concejales del PP que estaba ingresada por un parto con complicaciones y que, a pesar de los intentos de los 'populares' para retrasar la convocatoria, o para que dicha concejal pudiera dar su voto de forma telemática, "los socialistas en el Gobierno mantuvieron la convocatoria en la misma fecha".

Según el Partido Popular, esto no fue fruto de la casualidad ya que, dada la minoría que ostentaba el PSOE en la corporación, "era el único momento que tenían para dar carpetazo a ACM y enterrar sus cuentas".

El juez de lo Contencioso, con el fallo a favor del PP, "viene a anular la resolución de la liquidación en lo relativo al acta, en donde los socialistas aseguraban que se había facilitado toda la documentación a todos los miembros de la corporación".

Asimismo, cabe destacar que es el propio juez el que, en los fundamentos del derecho, señala que "se considera una infracción del derecho a participar en los asuntos públicos, en cuanto que los concejales son representantes de los ciudadanos y tienen derecho a obtener información para poder ejercitar el control sobre las decisiones que se adopten".

Para los 'populares', "es evidente que el tiempo y la justicia pone a todo el mundo en su sitio y que, además de las investigaciones que están destapando las prácticas mafiosas que en ACM se llevaban a cabo con el dinero público, como así las define la unidad de delitos económicos, ahora es de nuevo la justicia la que viene con esta resolución a dar la razón al PP". De esta forma, dicen, "la justicia pone de manifiesto el incumplimiento de la legislación más básica por parte del Gobierno socialista: el derecho a la información de los concejales".

En el PP de Alcalá de Guadaíra han lamentado que sea la justicia "la única vía posible para obligar al Gobierno socialista de Gutiérrez Limones a respetar la Ley".