El Claustro de la Universidad de Sevilla (US) ha iniciado este miércoles la primera de las dos sesiones ordinarias convocadas para presentar y debatir las propuestas sobre el sistema de gobierno de la institución universitaria, en lo que ha supuesto, en la primera mitad de la sesión —también se ha programado en horario de tarde—, abordar por vez primera la discusión sobre la modificación del sistema de elección de rector en la Hispalense, uno de los aspectos más demandados por determinados colectivos de la sede académica.

En concreto, se han presentado seis propuestas, suscritas por 31 claustrales y con un total de 14 iniciativas de actuación que ahondan, además de la designación rectoral, en asuntos como la reforma de los mecanismos de elección de los directores de escuela y decanos de facultad, los porcentajes de ponderación del voto, la composición de los sectores en que se divide la comunidad universitaria, la oportunidad o no de acompasar los mandatos de los distintos órganos de gobierno con las elecciones correspondientes o, incluso, el procedimiento de cobertura de vacantes, la unificación de calendarios electorales y hasta la posible incorporación del voto electrónico en la Hispalense.

De las mencionadas seis propuestas, sólo cuatro se han debatido en horario matutino, al ser las únicas que establecían sugerencias de debate sobre la elección del máximo responsable de la universidad, dado que la discusión se ha dividido por ejes temáticos. De estas cuatro, dos han defendido mantener el actual sistema de designación por Claustro, incluyendo asimismo la idea de modificación de los porcentajes de representación para otorgar una mayor parte de ésta al profesorado con contrato fijo, mientras que las otras dos abogan por el sufragio universal ponderado.

Temor a las "influencias" externas

De esta forma, las propuestas defendida por la profesora Ángeles Gallego, suscrita por cuatro claustrales del sector A —profesores doctores—, y la del alumno (sector C) Rafael Rubén Manrique han transcurrido en una línea similar: la de defender que el actual 'modus operandi' es "tan democrático" como el sufragio universal, la escasa participación de la comunidad universitaria en los procesos electorales o las "influencias" de agentes externos, frente a un modelo en el cual el Claustro que elige al rector es el que tiene la potestad de controlarlo.

También coinciden en reclamar que el sector A pase a ser engordado con aquellos profesores del sector B con vinculación permanente a la Universidad, en detrimento de éste, que recibiría a los doctorandos del sector C, quedando el sector D (personal de administración y servicios) como ahora. De esta forma, la representatividad quedaría en porcentajes del 55 por ciento para el A, 6 por ciento para el B, 30 por ciento para el C y 9 por ciento para el D.

El acompasamiento de los mandatos de rector y Claustro con la finalidad de que el primero no sobrepase al segundo, con la prohibición de encadenar más de dos mandatos rectorales consecutivos —salvo si éste se inicia cuando falte menos de un año y medio para el final de la vigencia del Claustro—, es otra de las propuestas incluidas.

Frente a esta corriente, las iniciativas suscritas por cinco profesores del sector B, encabezados por Víctor Molina, y por el delegado nato en el Claustro del Consejo de Alumnos (Cadus), Álvaro Rodríguez, han hecho una defensa del sufragio universal ponderado, con críticas —recurrentes durante todo el debate— a la supuesta intención de "diluir" el debate con otros asuntos que no se han abierto a discusión en el seno de la comunidad universitaria.

Adius recurrirá al defensor del pueblo

Especialmente duro ha sido Molina en su alocución, que ha acusado al rector, Miguel Ángel Castro, de no ser "valiente" y propiciar un debate en exclusiva sobre este asunto, el cual, en el que ha sido el 'leitmotiv' de su intervención, ya debió tratarse cuando hace cuatro años un total de 124 claustrales solicitaron que el tema se abordara en Claustro, acción para la que ha solicitado "respeto".

De hecho, para dar "legitimidad" a esta iniciativa, renovada esta semana en registro mediante la presentación de 90 firmas del nuevo Claustro, Molina ha anunciado que retira su propuesta, así como que la coordinadora Adius, a la que pertenece y que agrupa a los reclamantes de este modelo, recurrirá a la Defensoría Universitaria e incluso al Defensor del Pueblo para solicitar amparo en el proceso.

La confrontación entre patrones no ha sido la única polémica de un Claustro que ya en cuestiones de orden previas al informe del rector —en el cual Castro ha hecho un recorrido del proceso seguido desde su llegada al cargo— registró hasta tres intervenciones de los profesores Miguel Ángel Olalla, Teresa Duarte y José Manuel Gómez, que han solicitado la nulidad del Claustro convocado para el próximo 5 de abril y la votación anticipada del 1 al 4, por falta de encaje administrativo, y han puesto en duda la legalidad de los debates de esta semana por no ajustarse al reglamento claustral.

Ante ello, el rector ha incidido en todo momento en que, consulta a la asesoría jurídica mediante, se ha concluido en la legitimidad de lo acometido, pues las sesiones de este miércoles y jueves tienen carácter "previo" al inicio de la tramitación reglada, en la cual se abrirán todos los cauces legalmente establecidos —la Comisión de Proyectos Normativos será la que reciba los resultados de la votación— tras una votación que será de carácter orientativo, siempre al objeto de dejar el asunto solventado en 2016.

Debate recogido en programa electoral

En respuesta a las críticas por el procedimiento empleado —desde el pasado 17 de febrero y hasta el 14 de marzo los claustrales han podido registrar sus propuestas sobre el sistema de gobierno de la Hispalense cumplimentando un formulario—, Castro ha recordado que, independientemente de la forma que ha decidido darle, el proceso de debate estaba recogido en su programa electoral.

Las protestas por el rechazo a dejar entrar en el Claustro a representantes del personal docente e investigador (PDI) invitado, lo que Castro ha justificado en "cuestiones de seguridad", aludiendo al caso de otras personas y colectivos, como la Plataforma de Alumnos Afectados por Planes de Estudios en Extinción (Papeeus), en la misma situación, ha sido otra de las críticas al Rectorado.

Tanto en el turno de cuestiones previas como en el debate posterior de las propuestas, algunas ideas han encontrado eco: el traslado de la cuestión a referéndum como forma de fomentar la participación de la comunidad universitaria en un sistema como el actual, "claramente anómalo" (profesor Luis Ángel Hierro); los déficit, pese a la "buena fe" que algunos intervinientes le reconocen a la iniciativa, que puede plantear una fórmula "inventada" (Daniel Arenaza, del sector C) y que "encorseta con plazos cortos y temas restringidos" (profesora Adela Muñoz); los peligros de "abrir la caja de Pandora" introduciendo en el debate otros asuntos ajenos; o la "democracia" inherente a uno y otro sistema y el temor a injerencias del exterior en el proceso.