Las autoescuelas denuncian que 16 provincias, entre ellas Ciudad real, tardan hasta dos meses en convocar examen

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha alertado sobre la situación de precariedad que afecta a los exámenes de circulación en al menos 16 jefaturas de tráfico españolas y exige a la Dirección General de Tráfico (DGT) que ponga remedio urgentemente a la escasez de examinadores.
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La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha alertado sobre la situación de precariedad que afecta a los exámenes de circulación en al menos 16 jefaturas de tráfico españolas y exige a la Dirección General de Tráfico (DGT) que ponga remedio urgentemente a la escasez de examinadores.

Las provincias más afectadas son Alicante, Barcelona, Baleares, Burgos, Cáceres, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Guipúzcoa, Gerona, La Rioja, Las Palmas, Lérida, Tarragona, Valencia y Zaragoza, en donde según ha señalado CNAE, algunas autoescuelas tienen que esperar entre uno y dos meses para llevar a examen a sus alumnos. Además, apunta que esta situación se padece desde hace dos o tres años.

A través de un comunicado, CNAE también señala la grave discriminación que entraña el hecho de que, abonando todos los ciudadanos del país la misma tasa de examen, unos dispongan del servicio en un plazo razonable y otros no.

En este sentido, ha indicado que, normalmente, las jefaturas donde hay escasez de examinadores no pueden ofrecer a los aspirantes a conductores ni a las escuelas que los preparan más que una fecha provisional para la prueba de circulación. Lo habitual es que se adelante o se atrase. En el primer caso, el alumno va peor preparado; en el segundo, también, porque deja de recibir clases hasta que se aproxima el día del examen.

"Como consecuencia de esta anómala e intolerable situación, el número de pruebas con resultado final de 'no apto' está creciendo en las jefaturas con problemas", ha denunciado CNAE.

Ante esta situación, los centros de Formación Vial de algunas provincias han acordado provisionalmente presentar menos alumnos, a cambio de que la fecha de la prueba sea inamovible. A su juicio, se trata de un "sacrificio enorme que no se les puede exigir por más tiempo, pues pone en peligro la viabilidad de las empresas".

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