Antonio Márquez García, un liberado sindical que presuntamente se benefició de manera indebida de la póliza asociada al expediente de regulación de empleo (ERE) de Egmasa aprobado en 2003 y que afectaba a 373 trabajadores, ascendiendo lo pagado por la Junta a 21,6 millones de euros, ha declarado este martes como investigado ante la juez María Núñez Bolaños y ha asegurado que esta empresa le "engañó" y le "obligó" a prejubilarse.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el liberado sindical ha asegurado que él quería seguir en la empresa pero ésta le "obligó" a prejubilarse por su edad, punto en el que el investigado ha indicado que en ese momento tenía 55 o 56 años, añadiendo que "apenas" sabe leer y escribir y que firmó los documentos que le ponían por delante.

Por ello, y según las fuentes consultadas, Antonio Márquez ha dicho que considera que la empresa le "engañó", motivo por el que incluso le ha puesto una querella, iniciándose por este motivo un procedimiento judicial en el marco del cual "los abogados de Egmasa le dijeron que le iban a machacar".

El imputado, que ha asegurado que a consecuencia de todo lo anterior "está malo" y por ello acudiendo al médico, ha admitido que finalmente cobró 60.000 euros de los 120.000 euros de la indemnización pactada, cantidad de la que hay que descontar lo correspondiente a la Seguridad Social, ya que Egmasa "no pagó esa parte".

Tras reconocer que la firma de la póliza es suya y que de esta póliza únicamente recuerda la cantidad, Antonio Márquez ha asegurado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que resuelve a su favor y concluye que "no tiene que devolver el dinero" recibido.

La juez Núñez también ha tomado declaración como investigados este martes a la que fuera directiva de Egmasa María del Mar Espejo Tudela y al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, quien ha asegurado que no intervino en el ERE de Egmasa y que ha dicho que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero le preguntó en una ocasión cuánto costaría prejubilar a 370 trabajadores de una empresa, sin referirse en concreto a Egmasa.

Por el ERE de Egmasa, la juez mantiene encausadas a un total de 17 personas, entre ellas los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. La instructora considera que todos ellos podrían ser responsables de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En el auto de imputación, la juez Núñez relata que Antonio Márquez García "no figuraba en la lista de afectados por el ERE del año 2003", tratándose de un liberado sindical al que la empresa "no quiere readmitir" cuando cesa en el cargo en el sindicato en 2004, por lo que después de dos años, los directivos de la empresa María del Mar Espejo Tudela y Antonio del Valle Jiménez, junto con el "líder sindical" Antonio Perianes, "deciden buscarle una salida".

Así, y según expone la magistrada, "simulan un despido improcedente y pactan" en el Cmac una indemnización por despido de más de 120.000 euros "que se articuló mediante la indebida inclusión del trabajador como asegurado en la póliza colectiva suscrita ya reseñada, indemnización que superaba en mucho la correspondiente a un despido y que fue pagada no por la empresa sino por la Junta".