El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía estudia la presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva, que ya está en fase de elaboración, contra el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva que declara a la Junta como responsable civil subsidiaria en el supuesto fraude en cursos de formación subvencionados por la administración autonómica.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno al ser preguntado por la decisión de este magistrado de admitir la personación de la Junta en la causa pero en calidad de responsable civil subsidaria y no como acusación particular.

Vázquez ha destacado que "no hay ningún tercero dañado" en la causa, por lo que "no parece lógico que se pretenda que la Junta se pague a sí misma", y ha defendido que, "en todo caso, la Junta es parte perjudicada en este asunto y como tal debe ser acusación particular y no ser considerada responsable civil subsidiaria".

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por el Gobierno andaluz, ha declarado responsable civil subsidiaria del mismo a la Junta de Andalucía.

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado tomó la decisión tras recibir un atestado de la Policía donde existen indicios de infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, ha adelantado la cadena Ser. Cabe recordar que la Junta de Andalucía está personada como acusación en otros procedimientos judiciales sobre este supuesto fraude.

Desde hace meses están declarando un centenar de investigados, entre ellos el exalcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado; el ex delegado de Empleo Eduardo Manuel Muñoz García por su actividad como director provincial del SAE; José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo; José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE, y Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE, además de 1.000 testigos.

Todos ellos dueños o representantes legales de las 29 empresas que ha estado investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde septiembre de 2014 bajo la dirección del citado juzgado. Esta causa fue archivada el año pasado, sin embargo el juez optó por reabrirla después de que le llegara "nueva información ampliatoria del atestado policial". No obstante, antes de que el juzgado tomara esta decisión, la Fiscalía llegó a recurrir el sobreseimiento en reforma de la misma, que finalmente se reabrió.