El alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz Munío, ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia que le condena a pagar 5,3 millones de euros a Ascan, la empresa que gestiona el servicio de aguas y saneamiento en el municipio, y ha advertido que, si la condena fuese firme y hubiese que abonar esa cuantía, supondría un "importante quebranto económico" para las arcas municipales.

Díaz Munío ha advertido este lunes en una rueda de prensa que, si hay que pagar los 5,3 millones de euros más intereses, sería una "perdida patrimonial" que no sólo afectaría al Consistorio sino a los vecinos, que tendrían que "pagarlo de una forma u otra", bien detrayendo esa suma de inversiones, obras o actuaciones previstas en el presupuesto municipal o incluso con una subida de impuestos.

A juicio del regidor, lo ocurrido se debe a una "mala gestión" tanto técnica como política del contrato adjudicado a Ascan en 2007 y en base al cual la empresa alega un desequilibrio económico financiero, que le ha sido reconocido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander aunque Díaz Munío ha insistido en negarlo.

En la sentencia, dictada el pasado 18 de marzo, ese tribunal condena al Ayuntamiento de Castro Urdiales a afrontar parte de los desequilibrios económicos, en concreto 5,3 de los 7 que reclamaba Ascan en su demanda.

Aunque cree que el contrato fue "deficiente", el regidor ha opinado que la empresa lo firmó siendo conocedora de las condiciones por lo que, si estima que los costes iban a ser mayores, los debería "haber incluido" en su oferta.

Díaz Munío ha indicado que el Consistorio recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y ha considerado que la administración que preside puede "ganar" porque, en opinión de los abogados, el fallo se sustenta en "una serie de argumentaciones e interpretaciones que se pueden rebatir".

A pesar de la esperanza de que el TSJC tenga un pronunciamiento favorable al Ayuntamiento, el alcalde ha señalado que habrá de depurar las responsabilidades políticas que hay "detrás de este deficiente contrato".

Unas responsabilidades que no sólo achaca a los que firmaron el contrato en 2007, sino también a quienes desde entonces han tenido la tarea de gestionarlo y controlarlo desde el Consistorio y entre quienes incluye al actual equipo de Gobierno. "Todos somos responsables, todos los que hemos intervenido", ha opinado el alcalde.