El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura correspondiente al ejercicio 2013, cuya fiscalización tenía por objeto el análisis de la Administración General, los Organismos Autónomos, el Sector Empresarial y las Fundaciones y Consorcios autonómicos.

Así, ha analizado, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad de dicho ejercicio, la estabilidad presupuestaria, el proceso de reordenación del sector público regional, la contratación pública y la gestión de los gastos de personal, de los instrumentos de lucha contra la morosidad y del endeudamiento financiero.

La Cuenta General de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2013, fue rendida el 30 de octubre de 2014, dentro del plazo legalmente establecido.

Con carácter general las cuentas anuales que la integran se presentaron de conformidad con los principios y normas contables aplicables, "sin perjuicio de las salvedades y observaciones expuestas en el Informe", según ha destacado el Tribunal de Cuentas en nota de prensa.

En este sentido, como ha apuntado, se mantiene la práctica de integrar los presupuestos y las cuentas de cinco entes públicos y tres organismos autónomos en los de la Administración General, "distorsionando la representatividad de las cuentas de esta última e impidiendo analizar, de forma particular, la contabilidad de dichas entidades de personalidad jurídica independiente".

Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha sostenido que la ausencia de desarrollo de módulos del sistema contable determina las "deficiencias" de información detectadas en la memoria rendida por la Administración General, especialmente en relación con los gastos con financiación afectada e ingresos.

Por otra parte, ha indicado que se han financiado generaciones e incorporaciones de crédito, con remanente de tesorería, por un total de 29 millones de euros, "en contra de los principios de la normativa de estabilidad presupuestaria y pese a que el remanente obtenido en el ejercicio anterior fue negativo por importe de 363 millones de euros".

De las incidencias que se han detectado, en relación con la imputación presupuestaria de los gastos de la Administración General, se encuentra la "infravaloración" de las obligaciones reconocidas en un importe conjunto de 248 millones de euros, fruto, principalmente, de la "inadecuada imputación presupuestaria de la variación neta de pasivos financieros".

Por otra parte, la ausencia de un sistema de registro contable de facturas "ha impedido" realizar el seguimiento del ejercicio de origen de las registradas en la cuenta de acreedores pendientes de imputar al presupuesto, así como verificar si en todos los casos se ha seguido el régimen de autorizaciones previsto para su correcta imputación presupuestaria.

Por lo que respecta a los ingresos, la "correcta imputación temporal" de los derechos presupuestarios hubiera supuesto el aumento de los mismos en 12 millones de euros, en su mayor parte registrados como partidas pendientes de aplicación. Al cierre de 2013 existían deudores presupuestarios de cuya antigüedad podría deducirse su prescripción, por un importe conjunto de 34 millones de euros.

Asimismo, el informe anual ha establecido que la contabilidad no recoge las inversiones anteriores al ejercicio 1985 ni, en general, los activos inmovilizados que no surgen de la ejecución presupuestaria, lo que no ha permitido registrar, de forma individualizada, las bajas, las amortizaciones y los beneficios o pérdidas por enajenación. Estas circunstancias "condicionan" la representatividad del balance y de la cuenta del resultado económico patrimonial.

Las dotaciones presupuestarias del Servicio Extremeño de Salud se manifiestan, de forma reiterada, "insuficientes" para hacer frente a los gastos reales, lo que obliga a desplazar los gastos a ejercicios posteriores, de una "forma sistemática".

"Todo ello incide en el elevado volumen de los acreedores que están pendientes de aplicar al presupuesto, cuyo saldo final ascendió a 176 millones de euros. De haberse aplicado al presupuesto estas obligaciones, el resultado presupuestario del Servicio Extremeño de Salud arrojaría un déficit de 102 millones de euros en 2013", según ha indicado el Tribunal de Cuentas.

También ha apuntado que en 2013 continúa el "deterioro" de los resultados agregados del sector público empresarial, hasta alcanzar unas pérdidas agregadas de 41 millones de euros, habiéndose detectado sobrecostes en los servicios encomendados en el período 2010-2012 a las empresas públicas Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A. y a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A. que han sido reclamados por la Consejería de Administración Pública en 2014.

Los consorcios públicos autonómicos aplican planes contables diferentes, en virtud de disposiciones estatutarias heterogéneas que "dificultan" la armonización de sus estados contables. Tres de ellos no han integrado sus presupuestos formando parte de los de la Comunidad Autónoma, incumpliendo así lo previsto por la Ley de Hacienda regional.

Extremadura cumplió, en 2013, sus objetivos de déficit y deuda pública, obteniendo porcentajes respectivos de 0,88% y 15,8% del Producto Interior Bruto Regional, siendo el objetivo marcado de un 1% y un 16,2%, respectivamente.

Si bien no se ha aprobado ningún plan integral de reestructuración del sector público, al cierre del ejercicio 2013, la reducción efectiva de entidades públicas se cifraba en 12 entidades, sin que se haya aportado la preceptiva información en relación con la cuantificación de ahorros producidos en el proceso de reestructuración en los entes preexistentes.

Los gastos de personal soportados por las entidades que integraban el sector público autonómico en 2013, experimentaron un incremento del 3,7% respecto al ejercicio precedente, alcanzando un importe conjunto de 1.938 millones de euros.

"La indeterminación tanto en las ofertas, como en las posteriores convocatorias de la distribución de plazas por categorías profesionales impide analizar la oferta de procedencia de las plazas convocadas y resueltas, con objeto de determinar la posible caducidad de las ofertas de empleo", ha lamentado.

Pese a lo dispuesto legalmente, al cierre del ejercicio fiscalizado no se había procedido, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, al desarrollo de un sistema de información pública sobre el cumplimiento de los plazos de pago de operaciones comerciales; tampoco hay constancia de la existencia de informes trimestrales al respecto, según apunta el Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, en 2013 se produjo un "relevante aumento" de la morosidad, especialmente en el sector sanitario, sin que el plan de ajuste contuviera medidas dirigidas a su reducción. Además, en 2013 aún no se había procedido al desarrollo normativo del contenido y la estructura de los planes estratégicos de subvenciones de Extremadura.

Por último, en materia de contratación pública, "no se ha justificado suficientemente" la necesidad de celebración de la mayoría de los contratos analizados.

El Informe recoge varias recomendaciones, la mayor parte de ellas incluidas en los informes de años precedentes, dirigidas a la modificación de la Ley de Hacienda regional, el desarrollo reglamentario en materia de registro de cuentas de tesorería, planes estratégicos y patrimonio público del suelo, la dotación de presupuesto y contabilidad para las entidades públicas con personalidad jurídica independiente y la elaboración y remisión de un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del control financiero.