El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado el archivo del procedimiento de jurado abierto contra tres exediles de Montemayor de Pililla, dos de IU y uno del PSOE, por un delito de infidelidad en la custodia de documentos relacionado con la supuesta apertura en 2014, antes del tiempo estipulado, de las distintas ofertas que se habían presentado para el concurso convocado para adjudicar la explotación de un bar en el pueblo dependiente del Consistorio.

En su archivo, la instructora entiende que los ediles investigados no cometieron el delito de revelación debido a que no eran los custodios de los documentos, tarea que es competencia del secretario municipal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las diligencias archivadas, decisión que ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Montemayor, personado como acusación particular, habían sido abiertas a los que fueran ediles de IU en la anterior corporación, Begoña García y Javier Martínez, y el entonces edil socialista Enrique García, sobre quienes pesaban inicialmente posibles condenas de entre uno y cuatro años de cárcel, multas de seis a doce meses e inhabilitación entre uno y seis años, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos llegaron a la Fiscalía de Valladolid el 27 de enero de 2015 a raíz de la denuncia interpuesta por uno de los aspirantes al referido concurso, perjudicado directo de la supuesta acción ilegal de los entonces ediles y quien había venido explotando el bar 'La Hontana' de Montemayor durante los últimos quince años.

En su denuncia, el hostelero hizo constar que al concurso para la explotación del bar se presentaron tres ofertas que, según se acordó, no serían abiertas antes del día 30 de diciembre de 2014 por la Comisión de Recursos Económicos y Patrimoniales del Consistorio de Montemayor.

Sorprendidos por el secretario

Sin embargo, sostiene que los tres investigados, desentendiéndose de tal formalidad, abrieron el día 26 de ese mes los sobres y examinaron las ofertas, con tan mala suerte de que fueron sorprendidos por el secretario accidental del Ayuntamiento, quien les advirtió de que con ello estaban infringiendo el proceder ordinario y legal previsto para este tipo de asuntos.

El denunciante advertía de que la maniobra pudiera estar relacionada con el hecho de que el esposo de una de las personas imputadas, Begoña García, es primo de uno de los que componían una de las tres candidaturas a hacerse con la explotación del bar, con la presumible intención de conocer las pujas de los aspirantes con carácter previo y así poder utilizar dicha información en beneficio del referido familiar para que acomodara su oferta y presentarla como las más ventajosa.

Durante la tramitación de las presentes diligencias, la acusación pública analizó el auto de imputación dictado contra los ahora exediles y, sin prejuzgar la calificación jurídico-penal de los hechos, entendió que el cauce procesal adecuado era el procedimiento abreviado, al tratarse de un delito contra la administración pública, y que el mismo había de seguirse a través de la ley de jurado debido a que el delito presuntamente cometido es el de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos, cuya competencia es exclusiva.