Baleares sigue sin actuar contra las cláusulas suelo, según ha informado Facua, que indica que esta semana se cumplen tres años de la batería de denuncias que inició esta organización en marzo de 2013 contra una veintena de bancos ante agencias, institutos, direcciones y secretarías generales de consumo de los 17 gobiernos autonómicos, que son los organismos con competencias para aplicar sanciones por este fraude masivo a los consumidores españoles.

Según informado Facua en un comunicado, el Govern decidió derivar una parte de las denuncias a las comunidades donde vivían los usuarios de los contratos aportados. En cuanto a los de consumidores con domicilio en Baleares, la Dirección General de Salud Pública y Consumo comunicó a FACUA en junio de 2013 que abría un expediente, "del que nunca más le facilitó información".

Además, añade que tampoco ha adoptado medidas la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el competente en las políticas de protección a los consumidores.

Facua ve "escandaloso" que las autoridades de protección al consumidor autonómicas "hayan optado por desentenderse de sus competencias sancionadoras ante el mayor fraude de la historia". Según dicen, "en casi todos los casos, eludieron actuar ante las denuncias inventando que sólo pueden actuar los tribunales, derivando las denuncias al Banco de España o rebotándolas a otras Comunidades Autónomas". Se trata, cree esta entidad, de "una muestra más de la pasividad de las CCAA ante las graves irregularidades que sufren los usuarios".

Facua ha explicado que el "macrofraude" de las cláusulas suelo ha provocado miles de millones de euros de "beneficio ilícito para la banca, gracias a la ausencia de actuaciones tanto de las CCAA, como de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy".

Desde 2009, Facua ha pedido a los sucesivos Gobiernos que adoptaran medidas. No obstante, "durante las tres legislaturas en las que se ha venido cometido el fraude, el Ministerio de Sanidad, competente en las políticas de consumo, se ha desentendido del asunto, no ha hecho ni un amago de llevar a los tribunales a los bancos y ni siquiera ha instado a las Comunidades Autónomas a multarlas".

Finalmente, esta organización recuerda que las leyes autonómicas de protección de los consumidores facultan a las CCAA a imponer multas que pueden llegar a alcanzar entre una y diez veces los beneficios obtenidos como consecuencia de un fraude.