La junta de gobierno del Ayuntamiento de Pontevedra ha aprobado el envío al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de un requerimiento previo de anulación a la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa que ha concedido a Ence una prórroga para la ocupación de los terrenos de Lourizán por 60 años.

El procedimiento se basa en la declaración de caducidad y en la decisión de un gobierno en funciones "extralimitándose en sus competencias", ha explicado el portavoz municipal, Luis Bará.

El requerimiento previo al recurso presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra también ha aludido a la denegación de la copia del expediente de prórroga y la ampliación del plazo de alegaciones que había solicitado la junta de gobierno local.

Por una parte, el gobierno local de Pontevedra ha centrado su requerimiento en los argumentos del expediente incoado por la caducidad de la concesión otorgada en 1958, en tanto al desarrollo de "actividades diferentes" a las autorizadas, como a la instalación y funcionamiento de la estación depuradora en Os Praceres, el emisario submarino y unas instalaciones deportivas ajenas a la finalidad del título concesional.

El Ayuntamiento de Pontevedra sostiene que el expediente de caducidad "no es firme" en la actualidad al no haberse resuelto tampoco los recursos de reposición presentados por los colectivos ecologistas Salvemos Pontevedra y Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, a lo que se añade un recurso contencioso administrativo interpuesto por el ayuntamiento ante la Audiencia Nacional.

Gobierno en funciones

Además, el Ayuntamiento de Pontevedra ha calificado de "flagrante vulneración del principio de lealtad institucional" la negación por parte de un Gobierno "en funciones" de la copia del expediente solicitada desde la Administración local, argumentando que la resolución del procedimiento "trasciende del despacho ordinario de asuntos públicos".

"El Ministerio en funciones utiliza básicamente un bucle para motivar la prórroga", ha criticado el Ayuntamiento de Pontevedra en la redacción del requerimiento, al respecto de lo que recuerda que se trata de una prórroga "extraordinaria" y una medida "excepcional" que, según la Administración local, "no se ampara en razones de interés general sino, única y exclusivamente, el interés de una empresa privada".

El documento enviado a al Ministerio cita el "lío inter institucional por la negativa del Gobierno en funciones de comparecer para control en el Parlamento", lo que "refuerza" el planteamiento municipal al argumentar que "el propio Gobierno estima que su actuación en este periodo está excluida del control parlamentario".

"excede las atribuciones"

El Ayuntamiento de Pontevedra ha insistido en que la prórroga "excede las atribuciones y límites competenciales" de un Gobierno en funciones y califica de "simples criterios políticos o de oportunidad" los utilizados para modificar la Ley de Costas.

El requerimiento previo advierte que la prórroga al complejo industrial "nocivo y contaminante" de Ence, según el Ayuntamiento de Pontevedra, es "lesiva para la integridad y adecuada conservación" de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre, además de que "obstaculiza" los objetivos de "regeneración o reposición" de la zona a su estado natural, además de "agravar el atentado paisajístico y medioambiental" atribuido a la ubicación de la fábrica.

"Un vecino de Pontevedra nacido en 1958 habrá nacido, vivido y morirá sin ver la ría libre de una ocupación privativa prorrogada, igual que muchas generaciones de pontevedreses", ha criticado el Gobierno municipal en este requerimiento, en el que reiteran que el complejo industrial "es trasladable", no así la ría de Pontevedra.