El Sindicato de Enfermería (Satse) de Andalucía ha exigido el cese del director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, por "mentir deliberadamente" a los más de 20.000 profesionales de enfermería del SAS e "incitarles a cometer un delito incumpliendo el Real Decreto 954/2015", que regula la prescripción enfermera. Aranda afirmaba, en sendos comunicados dirigidos a profesionales y cargos directivos, que "el seguro de responsabilidad del SAS cubría dichas acciones", afirmación que ahora un informe de la compañía aseguradora Zurich "desmiente tajantemente".

La Mesa de la Profesión Enfermera en Andalucía, integrada por el Consejo Andaluz de Enfermería y el Sindicato de Enfermería (Satse), ya ha venido alertando a los profesionales de enfermería andaluces que podrían incurrir en un delito si incumplen el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Sin embargo, en una nota de prensa Satse recuerda que el director gerente del SAS en un comunicado emitido el 18 de enero de 2016 dirigido a los profesionales de enfermería, y en otro posterior dirigido a los cargos directivos, aseguraba que "las actuaciones que realicen los enfermeros y enfermeras en base a lo previsto en el Decreto 309/2009, de la Consejería de Salud y en el ámbito de estas instrucciones estarán amparadas en todo caso por la póliza del seguro de responsabilidad civil profesional y patrimonial suscrita por el Servicio Andaluz de Salud".

Para aclarar este punto, el sindicato planteó una consulta a la asegura Zurich, que cubre la póliza del SAS, desde la que se ha emitido un informe en el que coincide, punto por punto, con lo que ha afirmado desde el primer momento la Mesa de la Profesión Enfermera y desmiente al SAS sobre la cobertura de sus profesionales en caso de incumplimiento del Real Decreto.

Sin amparo

Así, la compañía aseguradora señala que "no quedaría amparada bajo la póliza de responsabilidad civil la actuación de cualquier profesional enfermero que use e indique algún medicamento sujeto a prescripción médica sin el previo diagnóstico y prescripción por parte del médico", en referencia a aquellos fármacos que utilizaban de manera autónoma en su práctica habitual hasta la entrada en vigor del RD.

Asimismo, asevera que "tampoco estaría cubierta la actuación de un enfermero que usase e indicase algún medicamento sujeto a prescripción médica sobre la base de un protocolo ya existente en el correspondiente servicio de salud, ya que el RD recalca que los protocolos deben ser elaborados, a partir de su entrada en vigor, por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS, validados por el Ministerio de Sanidad y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE)".

Por último, la compañía aseguradora también sostiene que si un profesional "usa e indica algún medicamento sin la correspondiente acreditación emitida por el Ministerio de Sanidad no será cubierto por el seguro de responsabilidad civil". En la actualidad, ningún profesional está acreditado por el Ministerio de Sanidad.

Tras conocer el informe de Zurich, Satse entiende que la Consejería de Salud "debería proceder al cese inmediato del director gerente del SAS, José Manuel Aranda, por incitar a sus profesionales de enfermería a vulnerar una normativa estatal que podría dar lugar a un delito, quedando al margen de la cobertura de la eventual responsabilidad de un profesional de Enfermería que en su quehacer profesional produzca un daño, si dicha actuación ha vulnerado lo establecido en la normativa aplicable".

A juicio del Sindicato de Enfermería "es totalmente injustificado que Aranda engañe tanto a sus propios trabajadores, como a los propios cargos directivos de los centros del SAS, motivo por el que considera que debería exigírsele responsabilidades".

Para Satse, ningún enfermero "puede ni debe ser obligado a hacer lo que no le está permitido, a tenor del Real Decreto, y especialmente su artículo 3.2.". Por ello, las instrucciones que se dicten habrán de respetar siempre la libre y legítima conducta de los profesionales de enfermería que a partir de ahora se limiten a cumplir los mandatos de la norma estatal, hasta que se consiga su modificación en los aspectos que son lesivos para el desarrollo profesional de la enfermería.