El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a defender este lunes que se actuó con "absoluta corrección" al contratar a empresas externas para el dispositivo de recogida de los residuos acumulados tras once días de huelga de los trabajadores de Limasa, lo que ha supuesto un coste de unos 98.000 euros. "Por encima de todo teníamos que poner el objetivo de que la ciudad recuperase la normalidad cuanto antes", ha subrayado.

Por ello, ante las críticas de los grupos políticos de la oposición por recurrir a estas empresas, sobre todo al socio mayoritario de Limasa, FCC, De la Torre ha afirmado que "si, aparte de los esfuerzos de la actividad normal de la sociedad mixta, era necesario contratar a empresas ajenas a ella, el objetivo era hacerlo".

Además, tal y como ha precisado, "tenían que ser empresas con equipos especializados", ya que "no todo el mundo tiene camiones con compactadores, por ejemplo, sino que son empresas que se mueven en el mundo de la recogida de residuos". "Entre ellas es donde se podían encontrar las ofertas correspondientes", ha expuesto.

Según ha añadido, también hay empresas que cuentan con camiones con brazos articulados, los conocidos como pulpos, que "permiten coger un montón de bolsas al mismo tiempo y eliminar las grandes acumulaciones". Al respecto, ha apuntado que se han tenido más de 20 de estos vehículos trabajando simultáneamente.

En suma, ha declarado que "no miramos de dónde era la empresa, sino que tuviera esa oferta operativa". "Un esfuerzo hecho con la mejor intención de recuperar la normalidad", ha dejado claro el regidor 'popular'.

Sobre la petición de los grupos de la oposición de que sean los socios privados de Limasa los que paguen esta factura de limpieza, De la Torre ha recordado que el gasto de esta contratación externa se sufraga con el ahorro producido al no abonar en las nóminas de los trabajadores los días de huelga.

El coste total de las tareas realizadas hasta el pasado viernes por parte del refuerzo externo para la recogida de basura, compuesto por cinco empresas privadas —Verosa, Construcciones Federico García, Franisa, Francisco Ternero y FCC—; el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, dependiente de la Diputación, y la sociedad estatal Tragsa, se sitúa en torno a los 98.000 euros.

Consejo de administración

Por otra parte, después de que, al igual que la oposición, cuestionara que la parte privada de Limasa se marchara del consejo de administración del pasado miércoles sin que éste hubiera terminado, ha expuesto este lunes que "no ha habido ocasión" de hablar directamente sobre el asunto con los consejeros de estas empresas —FCC, Urbaser y Sando— y, aunque admite que "es un tema que no debería haberse producido, no quiero darle más importancia".

Eso sí, De la Torre ha opinado que "los comentarios de la oposición quizá se deberían haber hecho antes; todos los deberíamos haber hecho antes para que alguien se hubiera quedado", en especial referencia a los consejeros que no tenían que coger un tren.