El jefe de servicio de la Formación para el Empleo de Jaén desde 2006 y hasta la actualidad, José Luis Valentín Martos, ha defendido este lunes que en su departamento se ha cumplido "estrictamente con la legalidad de los procedimientos" de las subvenciones de los cursos de formación así como que se ha mantenido un control "adecuado" de las actividades de su competencia "tanto cuantitativa, como cualitativa y temporalmente".

"Se ha tramitado la documentación en el momento adecuado, se han visitados todos los cursos dos, tres o más veces, y se ha comprobado 'in situ' su adecuado desarrollo en el momento oportuno", ha destacado durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación del Parlamento, Valentín Martos, que está imputado en el caso.

De la misma manera, ha explicado que en Jaén "no tenemos ninguna justificación ni ningún expediente de reintegro pendiente", salvo uno que están pendiente de tramitar "al estar paralizado temporalmente por el juzgado, por ser un reintegro con el que el beneficiario no está de acuerdo". "Nada nos puede prescribir, no tenemos nada por justificar", ha agregado.

Ha explicado que en el periodo de 2006 al 2011, se han programado en Jaén un total de 1.927 cursos provinciales para 29.169 alumnos por un importe de 69,8 millones de euros, que supone una media 9,9 millones al año aproximadamente. Además, ha concretado que se programado 2.013 cursos multiprovinciales por la Dirección General "que se han impartidos en la provincia de Jaén, donde se ha hecho el seguimiento". En total, en el periodo analizado, se han programado 3.940 cursos, gestionándose una media de 656 cursos al año, siendo unos 50 los cursos asignados a cada técnico.

Valentín Martos ha señalado que, con un equipo formado por 25 personas, "pese al volumen de trabajo, el servicio ha mantenido el trabajo prácticamente al día" y que los retrasos han sido por alguna "excepción o por causas externas al servicio".

De la misma manera, ha explicado que el traspaso de competencias a Educación, Cultura y Deportes, "tuvo consecuencias y cambios que supuso retrasos en los órganos gestores" y además, ha señalado, cuando se recibió la petición de la Intervención General para realizar "una auditoría de seguimiento" al SAE, "llevábamos siete meses y medio con el sistema informático bloqueado por la Intervención, estábamos adaptándonos tras el traspaso de competencias, nos habíamos mudado y una empresa externa estaba escaneándo los expedientes".

"Nos resultó llamativo que la Intervención General propusiera una auditoría de cumplimiento porque no podía ser ajena a esta circunstancia", ha agregado el jefe de servicio en Jaén.

También ha negado conocer el caso de ninguna empresa cazasubvenciones, y que no ha tenido constancia del entramado de empresas del exconsejero Ángel Ojeda hasta que lo vio este caso publicado en la prensa: "nos sorprendidos como los que más cuando lo conocimos".

Tras asumir que "en cualquier expediente puede haber un fallo humano", Valentín Martos ha defendido que no hay desconexión entre lo que están exponiendo los jefes de formación provinciales y los interventores en la comisión de investigación, a preguntas de la parlamentaria de IULV-CA Elena Cortés, "nosotros decimos lo que dice la ley" y "habrá alguien por encima que sepa leer la norma", ha dicho Valentín Martos.

"A los trabajadores de la formación nos cuesta que siendo leyes evidentes, tengamos que estar explicando lo que dicen, es muy paradógico. Nadie ha leído la norma o no se qué pasa", ha dicho en varios momentos de su intervención.

Asimismo, ha asegurado que "todas las convocatorias que han existido en este tiempo han pasado por fiscalización previa" así como que en el seguimiento de los cursos que hacía su departamento "los alumnos eran nuestros ojos y oídos en todos los cursos". "Que yo sepa todos los alumnos entrevistados han sido reales, no hemos encontrado ninguno que no fuera real", ha señalado.

De la misma manera, respecto a los cuestionarios de evaluación e informes de impacto, en respuesta a preguntas de la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, Valentín Martos ha asegurado que se realizaron de manera individualizada y que están en la publicados en web "cada uno en su fecha", algo que ha reiterado a preguntas del popular Miguel Ángel Torrico.

El parlamentario de Podemos Jesús Romero ha preguntado al jefe de servicio de Formación en Jaén por las exoneraciones y las exceptuaciones y cómo se desarrollaba su aplicación, a lo que ha contestado que Andalucía es la única comunidad que cuenta con una norma de estas características y que está en manos de los parlamentarios "quitar esa norma".

Ha afirmado que "nunca me han parecido bien las exceptuaciones, tenemos que intentar tener el trabajo al día para que no hagan falta" y ha defendido "la igualdad de todos los españoles" para defender que se suprima esa norma, aunque sea "un derecho garantista de la Junta".

Al respecto, el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico ha considerado durante su turno, e interpelando también al compareciente sobre este asunto, que "la exoneración es para que, como a la Junta no le da tiempo a cumplir con su obligación de revisar en plazo, pueda seguir la máquina funcionando y repartiendo subvenciones". También le ha preguntado si se ha impartido algún curso en sedes compartidas por el PSOE-A, a lo que Valentín Martos ha explicado que de formación profesional no, pero sí "alguno de formación continua" en Lopera.

Marisa Bustinduy, representante del PSOE-A en la comisión, ha cuestionado al jefe de servicio de la Formación para el Empleo de Jaén si han facilitado en todo momento la documentación solicitada por la Intervención, a lo que ha manifestado que "siempre que pedía algo, inmediatamente lo tenía. Siempre hemos colaborado", mientras ha explicado que en ningún momento han solicitado acceder a sus equipos informáticos, y que si lo hubieran solicitado, "no teníamos por qué negarnos".