La consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, ha considerado "injusto" que el Gobierno aragonés imponga a los ciudadanos de la capital aragonesa el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) "de manera unilateral", sin mantener "conversaciones previas".

Así lo ha manifestado este domingo, día 20, en declaraciones a los medios de comunicación durante una concentración convocada por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Agua.

Artigas ha señalado que, como ciudadana, le parece "injusto" que el Gobierno de Aragón quiera cobrar a todas las personas que viven en la ciudad un impuesto que no va a repercutir sobre "las necesidades" en materia de depuración y saneamiento que tiene la ciudad.

"Se nos va a incrementar la factura este año en un 40 por ciento, pero una vez que puedan terminar las bonificaciones se nos va a duplicar la factura del agua a todos los zaragozanos si no hacemos nada para remediarlo", ha remarcado.

Las bonificaciones para este año están estipuladas en un 70 por ciento, pero después de 2016 es potestad del Gobierno de Aragón su modificación, ha explicado.

La consejera de Medio Ambiente ha criticado que el ICA se quiera imponer en Zaragoza "de manera unilateral", sin que se hayan producido conversaciones previas entre el Ejecutivo aragonés y el Ayuntamiento de la ciudad, algo que ha asegurado que, desde el Consistorio, se lleva reclamando desde septiembre de 2015. "Pensamos que para llevar a cabo este tipo de recaudación en la ciudad hay que contar con el Gobierno local", ha aseverado.

De esta forma, ha insistido en que el presidente de Aragón, Javier Lambán, mantenga un encuentro con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, para "poner este tema encima de la mesa y llegar a puntos de encuentro".

Plan de saneamiento

Teresa Artigas ha precisado que si el objetivo es utilizar el dinero recaudado en Zaragoza para pagar las obras del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración quiere que se sea "transparente", es decir, que se realice una auditoría del plan que permita conocer el coste que han tenido las obras en los municipios que se han llevado a cabo.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado un contencioso administrativo contra la aplicación del ICA en Zaragoza, también un constitucional a la modificación a la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, ha aclarado.