El Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación de Málaga para 2016, dotado con 24,4 millones de euros, que se distribuirán entre los 103 municipios de la provincia, incluye medidas para fomentar la contratación de desempleados.

Una de las novedades más importantes para favorecer el empleo es que el 30 por ciento de las personas que vayan a trabajar en las obras financiadas por este plan deberán estar en paro.

El último pleno de la Diputación, celebrado el pasado martes, aprobó por unanimidad los criterios que deben tener en cuenta los ayuntamientos sobre las actuaciones a incluir en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles.

Al respecto, la diputada de Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales y portavoz del PP, María Francisca Caracuel, ha destacado que, generalmente, los planes de inversión contribuyen a generar riqueza y empleo; pero este año, ha precisado, "se da un salto cualitativo, yendo más lejos, porque se establece la obligación de generar nuevos puestos de trabajo".

Así, ha explicado en un comunicado que, en el caso de desarrollo por parte de un ayuntamiento, al menos el 30 por ciento del personal empleado para la ejecución de las obras deberá corresponder a desempleados.

Igualmente, en el caso de ejecución por contrata, en el pliego de las cláusulas debe indicarse que la empresa adjudicataria está obligada a la incorporación en la obra de al menos un 30 por ciento de personas en paro.

Normas para los ayuntamientos

A partir de ahora, los ayuntamientos tienen que presentar a la Diputación, antes de primeros de abril, las actuaciones que pretenden llevar a cabo dentro de este plan de inversiones.

Una vez que la institución provincial verifique que se ajustan a los criterios del plan, se dará luz verde para que los municipios redacten los proyectos.

Las actuaciones que se incluyan en este plan tienen que cumplir unos requisitos como que la vida útil de la inversión no sea inferior a cinco años. Además, cada entidad podrá presentar un máximo de tres proyectos, y cada uno de los ellos tendrá una cuantía mínima de 15.000 euros.

Se pueden realizar inversiones en ordenación del tráfico y del estacionamiento, vías públicas, parques y jardines, protección del patrimonio histórico-artístico, carreteras, caminos vecinales, saneamiento, abastecimiento de agua y rehabilitación y reparación de infraestructuras o inmuebles.

Reparto del dinero

De los 24,4 millones del total del plan, 14 millones se los reparten los 91 municipios menores de 25.000 habitantes, que tendrán una cantidad fija que se distribuye por tramos de población, montante que es idéntico al recibido en 2015, aunque la cuantía del plan de inversiones es inferior.

Así, los municipios entre cero y 500 habitantes recibirán 75.000 euros; entre 501 y 1.000 vecinos, obtendrán 85.000 euros; entre 1.001 y 2.000, un total de 120.000 euros; entre 2.001 y 3.000 personas, 150.000 euros; entre 3.001 y 5.000, 200.000 euros; entre 5.001 y 7.500 habitantes, 230.000 euros; entre 7.501 y 10.000, 255.000 euros; entre 10.001 y 15.000, 290.000 euros; entre 15.001 y 20.000, 305.000 euros, y entre 20.001 y 25.000 ciudadanos, 350.000 euros.

Y los 12 municipios de más de 25.000 habitantes se repartirán 10,4 millones de euros. Alhaurín de la Torre recibirá 502.544 euros; Antequera, 536.696 euros; Benalmádena, 868.790 euros; Estepona, 875.078 euros; Fuengirola, 1.011.336 euros; Marbella, 1.820.299 euros; Mijas, 1.036.879 euros; Rincón de la Victoria, 562.708; Ronda, 450.519 euros; Torremolinos, 880.453 euros; Vélez-Málaga, 1.019.698 euros, y la capital, 850.000 euros.