Después de que la juez María Núñez Bolaños, que investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, haya citado a declarar como investigado al alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE), el primer edil ha negado que haya "mediado para la obtención de subvenciones públicas". Así, se ha desligado de dos de las empresas señaladas por la juez, alegando que en otra de ellas sólo fue empleado "por cuento ajena" y que en el caso de la cuarta, la abandonó antes de que recibiese subvenciones.

Hablamos de la investigación relativa a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, con la que habrían sido alimentados incentivos para reestructuraciones laborales injustificadas o carentes de trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas, muchas de ellas relacionadas con miembros del PSOE andaluz.

La Sierra Norte de Sevilla juega su propio papel en la investigación, pues el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, hombre clave en los hechos a cuenta de su cargo y uno de los principales imputados en la causa, fue alcalde del municipio serrano de El Pedroso y la propia juez Mercedes Alaya, anterior instructora del caso, señalaba en uno de sus autos la "concentración inusitada de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, algunas de las cuales carecían de actividad". Avisaba además de que tanto Guerrero, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, habían "manifestado" que el que fuera consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera fue el responsable de la "decisión sobre tal cúmulo de ayudas".

El alcalde de cazalla

En el marco de la investigación, en marzo de 2015, hace ahora casi un año, la Fiscalía anticorrupción pedía al Juzgado de Instrucción número seis, entonces aún comandado por Alaya, la imputación de Sotero M. Martín Barrero, en aquel momento candidato a la Alcaldía de Cazalla, por su participación en las ayudas concedidas a Cortansa, Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimientos y Enoworld, extremo consumado ahora por la juez María Núñez Bolaños a través de un auto recogido por Europa Press.

Frente al citado auto, el alcalde expone en un escrito recogido por Europa Press que "en ningún momento" ha "mediado para la obtención de subvenciones públicas", defendiendo que jamás ha "figurado ni como trabajador, ni como accionista ni como administrador" en las empresas Servicios y Mantenimiento y Corchos de Cazalla. Respecto a su vinculación con Cortansa, Sotero Martín Barrero ha explicado que fue trabajador por cuenta ajena de esta empresa desde 2002 a 2006, "pero sin firma para cualquier tipo de transacción ni representación delegada para llevar a cabo gestiones ante ninguna administración pública".

Por último, en el caso de Enoword, el alcalde ha puntualizado que fue socio fundador de la misma hasta enero de 2005, fecha en la que abandonó la empresa y que durante ese tiempo la sociedad "no recibió subvención pública alguna". No obstante, el alcalde de Cazalla ha mostrado su "absoluta disposición a colaborar con la Justicia y a aportar en el menor tiempo posible la documentación y las pruebas" que demuestren su "absoluta ausencia de responsabilidad en relación a estas ayudas públicas".