El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha tomado este miércoles declaración a cinco de las personas imputadas, tras protagonizar un encierro reivindicativo en la sucursal del banco Santander de la calle Campana, dentro de las protestas promovidas por las personas acampadas en Coria del Río en demanda de la reestructuración de sus hipotecas. La concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato, imputada también en esta causa, ha protagoniza la primera comparecencia judicial.

Estas cinco comparecencias, que se suman a las de las seis personas que prestaron declaración también como imputadas el pasado 9 de marzo, han estado marcadas por la decisión del banco Santander, personado en la causa y que atribuía presuntos delitos de ocupación indebida y coacciones a estas personas, de retirar sus cargos y abandonar el procedimiento judicial, con lo que los imputados se enfrentan ya sólo al supuesto delito de desobediencia achacado por la Fiscalía.

"El banco ha retirado todos sus cargos para todos los imputados y los delitos de ocupación indebida y coacciones se caen, con lo que en el proceso sólo queda el presunto delito de desobediencia", ha manifestado a Europa Press Claudia Frau, una de las activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ha prestado declaración este miércoles.

Durante sus comparecencias, como ya sucediera con los imputados que declararon el pasado 9 de marzo, estas personas han defendido e nuevo que el mencionado encierro fue "una acción totalmente pacífica" destinada a conseguir "una negociación" para la reestructuración de los préstamos hipotecarios de estas personas, a cuenta de la "situación extrema" que atravesaban. Al respecto, consideran como "desproporcionada" la actuación de la Policía Nacional, porque el encierro en la sucursal bancaria transcurría sin altercados, hasta que hizo acto de presencia la Policía Nacional "esposando" y desalojando a todos estos activistas.

La concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato, de su lado, ha manifestado en un comunicado que en aquel encierro en la citada sucursal, "fuimos detenidos cuando sin mediar palabra, la Policía entró a la oficina bancaria y nos esposó". "Tenemos muy claro dónde estamos y muy orgullosos de estar con quienes luchan por sus derechos, mientras que del otro lado de la moneda numerosos políticos siguen involucrados en casos de corrupción", ha defendido Honorato, quien tras la decisión del banco Santander pide "que esta causa se archive y no tenga ninguna consecuencia".

Encierro en una sucursal

Los detenidos y ahora citados como imputados, recordémoslo, son varios miembros de las familias acampadas en Coria del Río hasta finales de 2015 en demanda de la renegociación de sus hipotecas, otros activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la concejal de Participa Cristina Honorato. Tras su arresto aquel 11 de noviembre, todos ellos fueron conducidos a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, donde se les atribuyeron presuntos delitos de desobediencia, coacciones, desórdenes públicos, "amenazas y hostigamiento".

Tras acogerse a su derecho a no declarar aquella misma jornada, la Policía Nacional les fue poniendo uno a uno en libertad con cargos, remitiendo el asunto a los juzgados, toda vez que la causa ha recaído en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, desde donde se investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, es decir la supuesta trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

De hecho, estas comparecencias han coincidido prácticamente con las de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ante esta misma instancia judicial, en el marco de la pieza separada de esta macrocausa sobre el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas.

Respecto a las personas acampadas ante una sucursal del banco Santander de Coria del Río en demanda de la reestructuración de sus hipotecas, los protagonistas de este conflicto en cuestión, levantaron su acampada y concluyeron sus movilizaciones a finales de 2015 después de haber visto "resueltos" sus casos mediante la negociación.