El Consejo de Gobierno, a propuesta de las consejerías de Fomento e Infraestructuras y de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, ha desestimado la reclamación de responsabilidad patrimonial sobre la actuación de Marina de Cope.

La reclamación de responsabilidad patrimonial, que ascendía a 231 millones de euros, fue presentada por nueve propietarios como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en mayo de 2013 que declaraba la anulación de esa Actuación de Interés Regional de Marina de Cope por los límites en los que estaba configurado.

De este modo, la Comunidad ha resuelto este procedimiento al no constar acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En concreto, la relación de causalidad entre el hecho acaecido, con su efecto lesivo, y el funcionamiento del servicio público.

Esta resolución de la Comunidad se produce una vez que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, máximo órgano consultivo en materia de gobierno y administración, emitió el pasado 9 de febrero su dictamen a favor de la Comunidad en este procedimiento y declarar que no procede el abono de la indemnización.

En su dictamen, el Consejo Jurídico considera que no se han producido los daños acreditados por los reclamantes, que estos se adhirieron voluntariamente al Consorcio Marina de Cope, con su correspondiente desarrollo y asunción de cargas de la actuación, y que no se puede trasladar el riego empresarial a la Administración regional.

En concreto, remarca que no se trata de un daño imputable a la Administración porque el proyecto "obedecía en todo momento a la libre voluntad de los propietarios de los terrenos", y porque "no estaríamos hablando de daños antijurídicos, porque las normas que amparaban la actuación fueron recurridas antes de la firma de los distintos protocolos de adhesión", según ha hecho saber el consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé.

Además, el Consejo Jurídico considera que "no ha quedado debidamente acreditada la existencia de un funcionamiento anormal de la administración pública".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bernabé ha destacado que, cuando los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento estudiaron el expediente, "se considera que había una parte de gastos que podían ser potencialmente indemnizados, como era el tema de las concesiones".

Sin embargo, añade que el análisis global de todos los demás condicionantes "hacen que el dictamen, según las tesis que avala el Consejo Jurídico, no concurren el resto de condicionantes y requisitos necesarios para que pueda prosperar algún tipo de reclamación".

El consejero ha puntualizado que se trata de una cuestión de reclamación de responsabilidad patrimonial que "hoy termina en vía administrativa y, por supuesto, quedará abierta la vía contenciosa si los propietarios así lo desean, y están en su derecho para llevarla a cabo".

Otra cosa, puntualiza, es la "tramitación administrativa en sí del proyecto" que, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente pasó a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio AMbiente para que los técnicos "determinen cuáles son los límites en los que, en su caso, se podrá desarrollar alguna actividad vinculada a esta actuación de interés regional".

"En el momento en el que los técnicos se pronuncien y se sepa cuál es el escenario en el que se podría, en su caso, hacer algo, serán los propietarios de los terrenos los que tengan que decir si van adelante", según el consejero, quien remarca que es la iniciativa privada la que tiene que promover las actuaciones.