El Ayuntamiento de Valencia revisará las retribuciones de los ediles del PP en el consistorio, investigados por presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal 'popular' dentro del caso Imelsa, si no entregan el acta —tal y como les ha pedido la presidenta del PPCV, Isabel Bonig— y pasaran a ser ediles no adscritos.

En ese caso, también tendrá que modificarse la representación en los órganos autónomos del Ayuntamiento, como la Empresa Municipal de Transportes (EMT) o el Palau de la Música, ya que los concejales no adscritos no pueden estar presentes en estos entes.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes municipales, que han señalado que si se da la circunstancia de que los representantes del PP no dejen el acta de concejal si esta formación se lo pide, todos los cambios que se tengan que efectuar se harán atendiendo al reglamento que rige el funcionamiento del consistorio.

Los investigados son nueve de los diez concejales 'populares' que hay en el Ayuntamiento de Valencia, todos excepto el independiente Eusebio Monzó. Isabel Bonig ha convocado para este miércoles a esos nueve ediles para hablar de su situación. Además, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha decidido abrir un expediente informativo a los afectados e investigados por el presunto caso de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia, incluida la exalcaldesa Rita Barberá.

Si estos ediles mantienen su acta como tales fuera del PP, quedarán en la corporación local como "concejales no adscritos", sin formar un grupo con este nombre dado que "no existe la posibilidad" de que se constituya de este modo en el Ayuntamiento, que "funciona de forma distinta a las Corts" Valencianes, donde si que se ha creado ese grupo.

En este sentido, las mismas fuentes han comentado que "es diferente ser concejal individual que formar parte de un grupo" y han apuntado que se tendría que revisar "no sólo las retribuciones" económicas que recibirían sino también "su participación en ciertos organismos del Ayuntamiento". En este punto, han agregado que no habría posibilidad de recibir retribución como grupo, dado que como tal no existiría.

Por lo que respecta a la representación que los ediles no adscritos pueden desempeñar en esta institución, han indicado que "pueden participar en plenos, comisiones" y "otros órganos", pero no en organismos autónomos del consistorio como la EMT, el Palau de la Música, la Fundación Deportiva Municipal o la de Jardines.

Igualmente, en el caso de pasar a contar con concejales no adscritos, han expuesto que se tendría que "reordenar y reorganizar" los tiempos de intervención en el pleno del Ayuntamiento, algo que se regula en la Junta de Portavoces. Sobre este órgano, en el que actualmente están representados los grupos municipales, han expuesto que se debería ver también quién está y quién no.

Además, estos ediles no tendrían "derecho a despacho", aunque las mismas fuentes han precisado que eso no quiere decir que se les vaya a quitar. También han dicho que seguirían teniendo derecho a consultar información. En cuanto a los asesores, desde el consistorio se ha explicado que éstos se asignan al grupo municipal y no al concejal.

Asesores investigados

Por otro lado, respecto a los asesores del PP que están también investigados en la pieza del caso Imelsa por presunto blanqueo de capitales, las mismas fuentes han comentado que se adoptarán decisiones sobre su continuidad cuando se reciba notificación oficial de la administración de justicia sobre su condición de investigados.

Si esta se mantuviese serían apartados de su responsabilidad cautelarmente —siguiendo el procedimiento reglado de la administración— en espera de cómo concluye la investigación y el proceso abierto. Ésta fue la fórmula aplicada en el caso del asesor del grupo municipal del PP Luis Salom, también investigado por los hechos citados en esta causa.