Plataforma en Defensa de las Libertades de Valladolid se felicita por la futura derogación de la 'Ordenanza Antisocial'

La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades ha expresado hoy su satisfacción tras el compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de derogar la denominada 'Ordenanza Antisocial y Antivandálica', "uno de los principales símbolos autoritarios de los veinte últimos años de gobierno municipal de Javier León de la Riva".

La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades ha expresado hoy su satisfacción tras el compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de derogar la denominada 'Ordenanza Antisocial y Antivandálica', "uno de los principales símbolos autoritarios de los veinte últimos años de gobierno municipal de Javier León de la Riva".

Culmina así una lucha comenzada en el año 2003 por dicho colectivo contra la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia y Prevención de Conductas Antisociales, cuyo claro propósito—precisa—era el de "reprimir la libertad de expresión, reunión y manifestación y recortar derechos fundamentales de los ciudadanos".

Su retirada es un compromiso del actual equipo de gobierno municipal adquirido en la reunión que representantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades, acompañados por la letrada Carmen López Cedrón, mantuvieron este martes, 15 de marzo, en el despacho de Alcaldía con el concejal de Seguridad y Movilidad y miembro del grupo socialista, Luis Vélez; la concejala de Medio Ambiente y miembro del grupo municipal de Toma la Palabra, María Sánchez; el Jefe del Gabinete de Alcaldía, José Ignacio Herrán; la concejala de Toma la Palabra Rosalba Fontériz y el director de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Valladolid.

En la reunión, celebrada a petición de la plataforma, ésta planteó al equipo municipal, primero, su malestar porque la ordenanza no hubiera sido ya derogada "de oficio" por el nuevo Ayuntamiento, en coherencia con la postura que los grupos que sustentan al actual alcalde habían expresado en años anteriores, al tiempo que advirtió de que en caso contrario no habría iniciado una nueva campaña sino "la desobediencia abierta a esta injusta norma".

Contra una posible reforma

Además, el colectivo solicitó su retirada en el menor plazo legalmente posible, descartando cualquier reforma, "pues la ordenanza, más allá de su articulado, es la expresión de una concepción ideológica represiva y estigmatizante de la expresión de la disidencia social y por ello debía ser eliminada".

En la reunión de este martes, el Ayuntamiento esbozó lo que podría ser el proceso que seguirían para la desaparición de la polémica ordenanza: los muchos artículos que no vulneran ningún tipo de libertad serían incorporados a otras ordenanzas municipales ("son artículos cuya presencia en la ordenanza no buscaba más que enmascarar la naturaleza represiva de la ordenanza mezclando torticeramente cuestiones de simple orden y limpieza con conductas antisociales") y el articulado que sí promueve la convivencia pasaría a formar parte de una nueva ordenanza para cuya elaboración abrirían un proceso de participación ciudadana.

La plataforma recuerda que el gobierno de León de la Riva fue pionero en España aprobando en abril de 2004 la primera Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia y Prevención de Conductas Antisociales en España, "norma ideológica que instauraba con fuertes multas la represión a nivel local de distintas formas de expresión social, anticipando las sanciones administrativas que luego iba a generalizar a nivel estatal la 'ley mordaza' en 2015".

Ya en 2004 las organizaciones de Valladolid se coordinaron en el Foro por las Libertades e iniciaron la desobediencia y la lucha social y judicial contra la misma, logrando en diciembre de 2006 que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulara parte de su articulado (también la Federación de Asociaciones Vecinales logró otra sentencia en el mismo sentido).

Sin embargo, la plataforma censura que el Ayuntamiento de León de la Riva volviera a endurecer la ordenanza en 2011 con prohibiciones que afectaban, entre otros, al ejercicio de la mendicidad, al modo de vestir y la estancia, ocupación o acampadas en espacios públicos—en clara represión del movimiento 15M y su continuación—y que reincorporaba artículos ya anulados en 2007.

Ello motivó de nuevo la reacción de las organizaciones de la ciudad, uniéndose en diciembre de 2011 en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Libertades, que llegó a integrar a más de 30 organizaciones sociales, sindicales y políticas de la ciudad y que puso de nuevo en marcha una intensa campaña social de información, de desobediencia y jurídica para luchar contra la ordenanza.

A ella se sumó incluso la Federación Española de Naturismo, que obtuvo de nuevo una victoria con una nueva sentencia del TSJCyL de octubre de 2013 que anulaba parte de los nuevos artículos tumbando una ordenanza "que recortaba la libertad de expresión, de vestuario y que criminalizaba la pobreza".

Por ello, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades celebra la decisión del actual equipo de gobierno, formado por el PSOE y Toma la Palabra, y apoyado por Sí se Puede, de derogar por fin este otoño la ordenanza y de promover en su lugar una norma que verdaderamente fomente la "buena convivencia", aunque considera que los pactos de buena vecindad, solidaridad y apoyo mutuo no debieran ser instados ni regulados desde las instituciones sino emanar de la propia sociedad organizada como el bien común que siempre han sido.

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