Son esqueletos urbanos, huellas de una burbuja que estalló en 2008 dejando atrás millones de desempleados y la mayor crisis de España en democracia. El crash dejó centenares de obras a medio construir a lo largo de la geografía española y las promotoras se quedaron sin dinero para finalizarlas porque la demanda de viviendas desapareció al mismo ritmo que se llenaban las colas de paro.

La creación a finales de 2012 de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) alivió el balance de bancos y promotoras arruinadas que cargaban a su espalda con estos 'esqueletos de cemento'. El llamado 'banco malo' confiaba en que muchas de estas promociones saldrían adelante con la reanimación de la demanda. Pero otras, directamente, tendrían que ser demolidas.

"En ningún caso vivienda terminada, solo obras con muy poco grado de avance que supongan un riesgo para la seguridad de las personas", aseguraba entonces la Sareb, que reservó 103 millones en 2013 para empezar a derribar las obras sin salida desde 2016. Pero de eso hace ya tres años. Y la Sareb ha cambiado de opinión.

"Quedan 13 años de funcionamiento de la Sociedad, no podemos descartar los derribos en el futuro pero ahora  no están sobre la mesa. Se planteó al inicio de nuestro proyecto, pero ha dejado de ser prioritario y no hay un plan para acometerlos", explican a 20minutos fuentes de la Sociedad, que está participada al 55% por inversores privados y al 45% por el FROB, de titularidad pública.

Entre 2014 y 2015, la Sareb ha desarrollado 68 promociones de entre las 600 asumidas desde las cajas rescatadas, según su informe anual de 2015. Pero las 532 promociones restantes siguen paradas (un 88,7%) y ya estamos en aquel 2016 que la Sareb se marcó como año de comienzo de los derribos. Este año 2016, además, solo se prevén activar otros 20 desarrollos.

"Confiamos en que la obra parada se puede vender", explica la Sareb, confiada en el empujón de los incipientes brotes verdes inmobiliarios. De momento solo se han finalizado 45 promociones que han supuesto la venta de 783 viviendas a cambio de 18,2 millones euros, frente a una inversión realizada de 4,9 millones. Este año se esperan terminar 16 promociones: 406 viviendas que dejarán 41,9 millones en las arcas de la Sareb.

"El mercado lleva dos años de inercia positiva, pero nunca crecerá tanto como para absorber viviendas en zonas sin demanda", afirma Luis Fabra, director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. "La Sareb podría intentar terminar y vender las promociones bien localizadas, porque hay poco vivienda nueva en el mercado. Pero el resto están abocadas a ser demolidas. Su mejor salida es el derribo".

En Idealista coinciden con Fabra. "Veremos demoliciones de urbanizaciones que nunca deberían haberse iniciado. Quizás no en Madrid, que es un foco de inversión inmobiliaria, pero sí de edificaciones en mitad de la nada, esas que suelen ver en los márgenes del AVE", explica Fernando Encinar, jefe de estudios del portal inmobiliario.

En la patronal de los derribos lamentan el silencio del ministerio de Economía tras abortar su plan de demoliciones, pese a que se estima que sería más barato tirar obra (12€/m3) que desarrollar las promociones (900 €/m2, aproximadamente). "Les enviamos un escrito hace un año, pero ni nos respondieron", cuenta Jose Blanco, secretario general de la Asociación Española de Empresarios de Demolición (AEDED). "Intentamos contactar con ellos múltiples veces, pero siempre nos topamos contra un muro, solo nos decían 'ya lo veremos'".

Otro países como Irlanda o Estados Unidos sí han optado por la piqueta. Y no solo por falta de salida comercial. También por los problemas de seguridad que las obras paradas suponen para los vecinos. "En este edificio ha habido problemas de ratas y de inundaciones a los edificios vecinos", comenta Eufemio, un vecino de San Fernando de Henares (Madrid) que vive enfrente de una promoción de tres plantas de la Sareb que lleva seis años absolutamente parada. Solo las quejas de los vecinos al Ayuntamiento lograron cambiar la valla que protegía la obra por un muro.

"El interior se estaba convirtiendo en una escombrera, pero el mayor problema es otro", cuenta este hombre de 83 años; "lo más peligroso son los niños de 12 años que saltan el muro para jugar dentro, escalando plantas por escaleras abiertas y sin protección. Es una suerte que no haya pasado aún nada. Porque cuando les regañamos para avisarles de que es peligroso, nos responden: ¡pero si esto no es de nadie!". El problema es que sí es de alguien. Es de la Sareb.

"Es un problema de salud pública", comentan en AEDED, que relatan cómo algunas personas "han ocupado bloques enteros en construcción, sin puertas ni ventanas". En el caso de la promoción de San Fernando, los vecinos están acostumbrados ver jóvenes adultos colándose con colchones por la noche para dormir dentro. La Sareb admite que recibe llamadas con este tipo de denuncias, pero también defiende que la mayoría de estas obras tienen "alarmas, seguridad física o vigilancia 24h". En el caso de esta promoción madrileña, según los vecinos, no es así.

La improbable salida comercial y la falta de seguridad no es el único motivo que exponen los expertos para explicar por qué siguen en pie estos esqueletos. Existe una tercera clave que podría estar frenando los derribos: la des-recalificación de suelo.

"La legislación permite recalificar el suelo rustico como urbano para construir viviendas, pero no hay un proceso inverso", asegura Fernando Encinar. "Los planes parciales durante la burbuja inmobiliaria solo se hicieron en un sentido y no existe una vía legal para deshacerlos", añade el abogado Jose Mª Salcedo, socio de Ático Jurídico.

Para la Sareb esto tiene un trasfondo económico: paga IBI urbano por suelos de obras que podrían no finalizarse nunca. Y aunque las derribara ahora, no le proporcionaría ningún ahorro fiscal porque, según Salcedo, el IBI urbano —que duplica al rústico en grandes ciudades— empieza a pagarse en cuanto la construcción empieza a poner la primera piedra. Y no hay ley para dar marcha atrás, aunque se opte por la demolición. "Hay que facilitar leyes a los ayuntamientos para que los suelos puedan volver a ser rústicos y que esas parcelas paguen un impuesto menor", zanja Encinar.