El jefe servicio de la Dirección General de Formación en Granada entre agosto de 2007 y enero del 2011, Magin Bolívar Medina, ha considerado este martes una "falta de rigor" por parte del interventor provincial, Miguel Gutiérrez Pedrosa, que haya dicho que ni la administración ni los beneficiarios "podían irse de rositas" en este caso, así como ha asegurado que "no concibe" las deficiencias señaladas en su informe especial.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación del Parlamento, Bolívar Medina, que está imputado en el caso, ha defendido que los expedientes estaban completos y que, "más que por falta de documentación, el problema podría situarse en la remisión de esos expedientes" por el traspaso de competencias o la digitalización de la documentación.

Ha dicho desconocer las "irregularidades" puestas de manifiesto por el interventor provincial: "no me cabe en la cabeza que hubiera expedientes en los que solo hubiera una hoja o que estuvieran vacíos" porque, además, "eran expedientes muy voluminosos". "Cuando yo estuve, estaban controladas las cosas", ha aseverado en otro momento de su intervención.

También ha incidido en la falta de medios humanos con los que contaba su departamento y ha explicado que cada año que estuvo al frente "se contrató un servicio de asistencia técnica para colaborar porque todo el personal que me viniera era necesario".

En este sentido, a preguntas de la parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet, si bien ha dicho que había algún retraso en las justificaciones de expedientes y que esto lo ponía en conocimiento de sus superiores, ha indicado que se encontró con un sector "enorme, con muchas entidades, muchos alumnos, solicitudes y mucha demanda" con "unos medios escasos", y que de hecho, también "me mandaban a veces personal de Faffe con contratos temporales, especialmente en gestión económica".

En respuesta al diputado del PP-A Jaime Raynaud sobre el posible pago a empresas con justificaciones pendientes de subvenciones, Bolívar Medina ha reconocido que "podría haber en algún momento retraso" en la revisión, pero que su objetivo era dotar de personal al departamento de gestión económica, además de reconocer que "el volumen de ayudas y becas una cosa terrible".

También ha señalado que, por el "volumen tan enorme que había", decidió tramitar personalmente los expedientes de reintegro de control financiero, así como, a preguntas del popular, ha dicho que no le consta que se impartieran cursos subvencionados a UGT en sedes del PSOE.

Así las cosas, ha explicado que cuando se hizo cargo de la formación profesional no tenía experiencia en este ámbito, y que, aproximadamente, se gestionaban alrededor 20 millones de euros cada años en formación, a los que habría que sumar los cursos multiprovinciales, que eran principalmente de sindicatos o la CEA.

Las visitas a los centros eran "muy numerosas"

Sobre el seguimiento de los cursos, el jefe del servicio provincial de Granada ha explicado que se tenía "especial interés y se hacía hincapié" en las visitas a los cursos tanto de parados como de ocupados, y que se hacían al principio, durante y al final del curso pues eran "muy numerosas".

Respecto a las exceptuaciones, Bolívar Medina ha relatado que "no implican la no justificación" del curso y que "es una figura prevista en la Ley por razón de interés social relevante" que es competencia del consejero.

Asimismo, ha negado, como afirmara el interventor en su comparecencia, que los informes de auditor se elaboraran "exprofeso para la empresa que lo ha pedido", fueron, según ha dicho, "elaborados por profesionales inscritos en un registro profesional y la normativa lo prevé como medio perfectamente válido para justificar las subvenciones".

Por parte del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro ha incidido en que la demora en el proceso de justificación es un argumento constante debido a que "el proceso de revisión no es sencillo", mientras Bolívar Medina, a preguntas de este diputado, ha defendido que el retraso en Granada no era importante.

El parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha insistido en conocer cómo personal de Faffe ha trabajado en la Dirección General de Formación en Granada, extremo sobre el que, después de que el diputado haya apuntado que pudiera tratarse de "cesión ilegal de trabajadores", Bolívar Medina ha dicho desconocer la tramitación o contratos de estos empleados al no ser su competencia. "Me decían que iban a venir personas de Faffe y por nosotros estupendo", ha agregado.

A preguntas de la representante de IULV-CA en la comisión, Elena Cortés, sobre los informes de inserción de estos cursos, Bolívar Medina ha relatado que eran las empresas beneficiarias las encargadas de elaborarlos, que eran unas indicaciones y parámetros para programar los cursos del año siguiente, junto con más criterios, y que la norma no contemplaba que el SAE tuviera que comprobar si se ajustaban a la realidad.