Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han declarado este miércoles ante el juez Álvaro Martín en calidad de investigados dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE. Y ambos han ratificado lo que ya declararon ante el Tribunal Supremo el pasado año.

Los dos ex altos cargos del Gobierno andaluz han llegado a los juzgados de Sevilla entre gritos de "chorizo"  y consignas como "no hay pan para tanto chorizo" o "PSOE y PP la misma mierda es" de un grupo de ciudadanos congregados a las puertas de la Audiencia Provincial.

Chaves, por su parte, ha comparecido ante el magistrado desde las 9.58 hasta las 10.28 horas, insistiendo a través de un comunicado de prensa en que en los Consejos de Gobiernos que presidió como máximo responsable de la Junta "nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal".

La Fiscalía Anticorrupción ha dejado consignadas por escrito entre 15 y 20 preguntas sobre diversas ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla o vinculadas también a Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

En el caso de Griñán, que ha accedido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en coche hasta la misma puerta de los juzgados en medio de un amplio dispositivo de seguridad, el expresidente se ha limitado también a ratificar la declaración que prestó "como imputado" ante el Tribunal Supremo el 9 de abril de 2015.

Su abogado, José María Mohedano, ha asegurado que el Gobierno español "presionó" para que hiciera el "paseíllo" en los juzgados de Sevilla y declarara por el caso de los ERE con el objetivo de tapar los nuevos casos de corrupción desvelados tras las elecciones generales.

Mohedano ha criticado que estas comparecencias "no tienen la finalidad de garantizar el derecho de defensa, que se está vulnerando, ni tampoco el principio de igualdad", todo ello en el marco de un caso "muy antiguo que debería ya cerrarse". El letrado ha señalado que "no acusa a nadie", no obstante lo cual ha referido que recientemente estuvo en Sevilla el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, "porque no se celebraban estas declaraciones".

Y ha criticado que la Fiscalía pidiera 18 meses más para la instrucción del caso ERE, que lleva instruyéndose desde 2011, y ha pedido que se cierre ya porque "esto no es un show" para compensar otros casos de corrupción. Por último, Mohedano ha vuelto a defender la "máxima honestidad" de Griñán.

También este miércoles ha declarado como investigado el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el único de los tres que también se enfrenta a un posible delito de malversación, y que también se ha ratificado en su declaración.

Cabe recordar que en una providencia fechada el pasado día 4 de marzo, el magistrado que instruye las seis primeras piezas en que se ha dividido el caso ERE cita a declarar este miércoles día 16 de marzo a los expresidentes de la Junta y al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, todos los cuales ya comparecieron ante el Tribunal Supremo cuando eran aforados.

El juez atiende así la petición realizada por el Ministerio Público el pasado día 26 de enero al considerar "necesario" que sean oídas en calidad de investigadas "aquellas personas que hasta el dictado" del auto de 17 de noviembre de 2015 donde la juez María Núñez Bolaños abrió esta pieza separada "no habían sido oídas" en el seno del caso ERE.

Y todo ello, según expone el juez en esta providencia, "conforme el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para garantizar suficientemente como ya se ha expuesto anteriormente su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso".

El abogado de Griñán, José María Mohedano, presentó un escrito antes de conocer su citación en la que pedía al juez que no lo llamara a declarar al entender que ello "no garantiza ni el derecho de defensa ni el de igualdad, solo garantiza el paseíllo", ya que su "derecho a ser oído por su juez natural ya quedó más que suficientemente colmado con la declaración" prestada en el Supremo el 16 de abril de 2015.

"A lo único que conduciría su nueva citación es a un nuevo perjuicio injusto e innecesario como es el del famoso paseíllo en una causa penal deliberadamente mediatizada y contaminada para obtener una repercusión pública que ha producido ya un daño enorme a mi representado y a otros muchos investigados antes de la celebración del juicio oral", expone el letrado.

Hay que recordar que, dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico, la jueza Núñez incluyó a 52 ex altos cargos de la Junta. No obstante, la pieza ya solo afecta a 51 personas tras el fallecimiento del ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía Morales.

Entre estos 51 ex altos cargos, se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), instancias judiciales que devolvieron la causa al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla después de que los ahora citados a declarar perdieran dicha condición de aforados como diputados o senadores.

Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dada su entonces condición de aforados, declararon en abril de 2015 ante el Tribunal Supremo, que el 25 de junio de ese mismo año acordó proceder contra ambos al estimar que existían indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa.

Ya en octubre de 2015, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se declaró incompetente para seguir investigando la causa referida a la implicación de Chaves, Griñán, Viera y Zarrías y remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La decisión se adoptó tras recibirse comunicación del Congreso de los Diputados sobre la renuncia al escaño del exconsejero José Antonio Viera, lo que dejaba la causa sin aforados ya que anteriormente habían dejado de ser parlamentarios tanto Griñán como Chaves y el cuarto investigado, el exconsejero Gaspar Zarrías.

Tras comparecer en el Supremo el 14 de abril de 2015, Chaves fue tajante cuanto atendió a los medios de comunicación allí congregados: "Durante el tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta, los 19 años, nunca jamás se ha adoptado ninguna decisión ilegal, nunca, ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad", dijo.

"Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno, cualquier decisión política o normativa que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios", subrayó.

De su lado, José Antonio Griñán manifestó al término de su declaración en el Supremo que no hubo "un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude" y eso significa que "alguno de los controles pudo fallar".