El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley que modifica la Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo con el objetivo de facilitar el acceso de todos los ayuntamientos a los distintos planes recogidos en la norma, aunque mantengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social o condenas por despido improcedente.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el objetivo de estos cambios, que dan respuesta a una proposición no de Ley aprobada el pasado 25 de febrero por el Parlamento andaluz a propuesta de Ciudadanos (C's), es "evitar que las personas desempleadas se vean perjudicadas por la exclusión de estos municipios, que debido a la crisis económica han tenido que recurrir a ajustes económicos y a reducciones de plantilla".

Otra modificación afecta a los incentivos a la contratación indefinida para mayores de 45 años, línea de ayudas en la que se incorpora como colectivo prioritario a trabajadores desempleados procedentes de expedientes de extinción de empleo en la industria manufacturera.

El decreto ley especifica además que, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los ayuntamientos tendrán un mes más de plazo para presentar las solicitudes de los proyectos en las nuevas condiciones reguladas.

Por último, se introduce la posibilidad de que el personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) realice tareas de atención a los desempleados, como la inscripción, clasificación y actualización de las demandas, el diseño de itinerarios personalizados o la gestión de ofertas y anuncios. La gestión de los registros administrativos de documentos y la dación de fe pública quedan reservadas a funcionarios.

La Junta de Andalucía destinará 396,80 millones de euros en 2016 al desarrollo de las medidas incluidas en la ley que ahora se modifica. Esta cantidad se suma a los 25,54 millones invertidos el pasado año. Las iniciativas previstas supondrán más de 60.000 nuevos empleos, entre los que destacan 30.870 de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria; 14.600 del programa Bono Joven; 1.500 en proyectos de interés general y social; 2.100 contratos indefinidos a jóvenes, y 8.333 a mayores de 45 años, así como la constitución de 3.100 autónomos, un millar de prácticas profesionales y 150 beneficiarios de las medidas de retorno del talento.

Entre las iniciativas de la ley se encuentran los programas Emple@Joven y Emple@30+, con una nueva convocatoria de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, común para ambos colectivos, y que dispone de una dotación de 250 millones de euros para este año. Este programa incluye ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por contrato que realicen los ayuntamientos para proyectos de obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintos de los que realiza regularmente el personal de la Administración local.