El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto de creación del Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía, que permitirá mejorar tanto el seguimiento y control del gasto público y del cumplimiento de los compromisos de pago como la transparencia al ofrecer en todo momento información sobre las facturas a proveedores.

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, la nueva herramienta será gestionada por la Intervención General de la Junta, como órgano superior de control interno y contabilidad pública, y su puesta en funcionamiento "no implicará aumento de gasto", ya que será atendida "con los medios personales y materiales disponibles actualmente".

El registro englobará las facturas emitidas por los proveedores de la Administración de la Junta y sus entidades dependientes, además de incluir las obligaciones derivadas de los centros docentes públicos no universitarios y de las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas de la Seguridad Social financiadas por la sanidad andaluza.

El régimen jurídico aprobado para el registro garantiza el derecho de los proveedores a conocer la situación de sus pagos en cada momento a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. En el caso de los documentos en papel, la información se suministrará a través de la aplicación informática del registro en el portal de la Junta (www.juntadeandalucia.es).

Informe anual de intervención sobre morosidad

Asimismo, el decreto exige a las oficinas contables la elaboración de un informe trimestral con la relación de facturas pendientes de reconocimiento de obligación cuando hayan transcurrido más de tres meses de su registro. Por su parte, la Intervención General de la Junta deberá realizar un informe anual para evaluar el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.

Junto con el registro, la norma aprobada por el Consejo también establece la creación del Censo Único de Obligaciones de la Junta de Andalucía. Este instrumento recabará información económico-financiera de la Administración autonómica y de su sector instrumental.

También servirá para elaborar el cálculo del periodo medio de pago a proveedores, de acuerdo con las exigencias de la normativa sobre estabilidad presupuestaria. Su gestión corresponderá a la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.