La directora General Evaluación, Control y Calidad Servicio Andaluz de Empleo, María Jesús Moreno Herrerías, ha manifestado este lunes que su departamento puso de manifiesto en su informe de alegaciones al informe de la Intervención General que el SAE sí cumplió "con la legalidad que le era aplicable, con la normativa estatal, con la normativa propia y con los requisitos legales impuestos en la gestión de las subvenciones" a la formación.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación del Parlamento, Moreno Herrerías ha iniciado su intervención explicando que, desde el 16 de julio de 2013 está al frente de la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad del SAE, que se creó con la intención de que el SAE tuviera un órgano de control independiente al órgano de gestión de las Políticas Activas de Empleo.

Ha manifestado que en julio de 2015, su departamento recibió un informe consolidado de la Intervención General de la Junta que venía a recoger las conclusiones de ocho informes de control especial que se habían hecho a las direcciones provinciales del SAE para ver si se había cumplido con "la legalidad en la gestión de subvenciones de formación" desde 2009 a 2012.

En la conclusión del citado informe de control, "se ponía en cuestión que se hubiera cumplido con la legalidad vigente", según ha señalado la directora general, quien ha indicado que esta era la primera vez que su departamento se encontraba con un informe de este tipo, apuntando que su departamento no era competente en materia de formación.

Ha agregado que decidieron que la manera de actuar debía ser la misma que ante de otro cualquier informe y que se realizaría un análisis del cumplimiento de la legalidad. Ha indicado que no analizan expedientes porque no los tienen en su poder. En este sentido, presentaron un informe de alegaciones al informe de control de la Intervención General de la Junta, que fue remitido a la misma.

Ha manifestado que se hizo un informe de alegaciones a una serie de conclusiones que ha dicho un informe consolidado, en el que se recoge que, en determinadas cuestiones, el SAE no cumplió con la legalidad que le era de aplicación. "Nosotros entendemos que independientemente de que ya no fuésemos competentes en la materia cuando recibimos el informe, sí se debe analizar si hay procedimientos que no cumplen con la legalidad para poner medidas correctores y preventivas para un futuro", ha señalado.

Ha indicado que la mayoría de las incidencias que se pusieron de manifiesto en los ocho informes de control especiales que se habían hecho a las direcciones provinciales del SAE es que la documentación que se entregó para realizar el control carecía de determinados "documentos o evidencias para poder soportar que sí se cumplía con la legalidad vigente".

"Nosotros hemos aportado los registros y la evidencia de que se ha cumplido con esa legislación", ha sentenciado Moreno Herrerías, a la que no consta que la Intervención General respondiera al citado informe de alegaciones.

Moreno Herrerías ha recalcado que, con los requisitos y las evidencias que están en el informe que hizo su departamento, se puede decir que se ha constatado que el SAE "sí ha cumplido con la legalidad que le era aplicable, con la normativa estatal, con la normativa propia y con los requisitos legales impuestos en la gestión de las subvenciones".

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