El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado este lunes que la actitud de la Junta de Andalucía con la administración de justicia "ha sido perjudicial" para que se hayan dado los distintos casos de prescripción en la causa de los ERE.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Sanz ha manifestado que "está claro que no ha existido desde luego la voluntad necesaria para evitar esta dirección", así como "la colaboración que es deseable que se preste por parte de la Administración autonómica ante las diferentes instancias judiciales".

Por lo tanto, el delegado del Gobierno ha subrayado que "en este caso habrá que pedir que no puede haber más dilación en la presentación de la información que se solicita, ni más parálisis".

Y es que, según ha apuntado, "por un lado es un procedimiento judicial que lleva muchos años y nunca es deseable que ese procedimiento judicial acabe en prescripción, porque puede motivar inseguridad jurídica y también inseguridad en las defensas, pero en todo caso inseguridad jurídica e insatisfacción procesal desde el punto de vista de la persecución de un posible delito".

En este sentido, ha indicado que "la prescripción nunca es deseable y menos si es imputable a algún tipo de responsabilidad", de modo que confía en que "en este caso desde la administración autonómica se colabore plenamente con los ámbitos judiciales para evitar que prosigan nuevos casos de prescripción".

A su juicio, es "fundamental evitar la prescripción para garantizar la seguridad del procedimiento judicial", pero "sobre todo la fortaleza del sistema, porque evidentemente si no se pueden perseguir los delitos porque prescriben eso significa que no funcionan las cosas y eso es insatisfacción que no se puede generar cuando se persigue un delito, y más si se habla del dinero de los parados", ha advertido Sanz.

Primeros archivos

Cabe señalar que la juez María Núñez Bolaños archivará en un auto la causa abierta por Mercedes Alaya contra 12 personas investigadas por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla tras solicitarlo en marzo de 2015 la Fiscalía Anticorrupción, que considera que los delitos que se les atribuyen habrían prescrito.

En concreto, se trata de los primeros archivos por prescripción que se decretarán en el caso ERE, cuya instrucción comenzó en enero de 2011.